Jornada redonda fue ayer para el Ejecutivo y específicamente para Hacienda. La Sala del Senado aprobó dos iniciativas claves para la cartera: el proyecto de Presupuestos 2018 y el reajuste al sector público. Así, ambas quedaron en condiciones para ser promulgadas como Ley.
La instancia visó con 24 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones los cambios realizados el martes al erario en la comisión mixta de senadores y diputados. Dicho acuerdo fue refrendado en la misma jornada por la Sala de la Cámara Baja.
En la instancia, el Senado y la Cámara acordaron redestinar $ 890 millones de asignaciones externas, desde la primera corporación a la segunda, para sustentar en parte el costo de los nuevos legisladores.
El Ejecutivo también ingresó en la comisión mixta una glosa que determina que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias tendrá la facultad de distribuir los dineros de asignaciones para ambas cámaras, dependiendo del tamaño de los distritos y las circunscripciones.
Además, en la comisión mixta se repusieron recursos rechazados para las carteras de Defensa, Agricultura, Justicia y la Subsecretaría de Prevención del Delito; y Hacienda acordó aumentar en $ 4.000 millones los dineros para el Servicio Nacional de Menores (Sename), con asignaciones desde el Tesoro Público.
La ley de Presupuestos contempla un crecimiento del gasto público de 3,9% el próximo año.
Rápido despacho
Mientras que con 18 apoyos y ningún voto en contra, la Sala de la Cámara Alta despachó el proyecto de reajuste para el sector público.
La iniciativa, que derivó de un acuerdo del gobierno con los trabajadores del aparato estatal -el primero desde 2014-, contempla un alza nominal de 2,5% para los salarios públicos a partir de mañana.
La normativa ingresó el martes a trámite en la Cámara con un gasto público que superará los US$ 1.500 millones entre 2017 y 2018. Para este año, los recursos involucrados ascenderán a $ 218.919 millones, mientras que para el próximo año totalizarán $ 793.666 millones.
El reajuste considera un bono por término de conflicto por $ 170 mil para trabajadores con renta líquida inferior a $ 660 mil y de $ 85 mil para quienes reciban un ingreso superior a los $ 660 mil, pero cuya remuneración mensual bruta sea igual o inferior a $ 2.403.687, entre otros beneficios.
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