La compleja situación económica y financiera de las isapres tiene en vilo a autoridades y a los controladores de las empresas, entre ellos inversionistas extranjeros.
Es que las nuevas reglas del juego, de la mano del fallo de la Corte Suprema que les prohíbe aplicar reajustes en el valor de sus planes basado en la tabla de factores, les obliga a devolver a sus afiliados cerca de US$ 1.400 millones en los próximos dos años. Esto, en circunstancias en que las aseguradoras señalan estar sufriendo millonarias pérdidas, las que rondarían los $ 300.000 millones en los últimos dos años.
El Gobierno está en negociaciones con la industria y con el mundo político para viabilizar una salida al rubro que permita que implementen el fallo del máximo tribunal. Todo esto en momentos que trabaja un proyecto para fortalecer el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Pero no solo en el Ejecutivo y en los privados hay preocupación. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tanbién mira de reojo la situación.
Muestra de esa inquietud quedó plasmada en el acta de la reunión de la entidad del pasado 17 de marzo, cuando los consejeros acordaron solicitar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) información sobre las implicancias de la situación de las aseguradoras para el gasto fiscal en salud.
“El Consejo acordó solicitar a la Dirección de Presupuestos la realización de una presentación sobre cómo la situación actual de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) podría afectar las proyecciones de gasto fiscal en salud”, se lee en el acta.
El CFA es presidido por Jorge Rodríguez Cabello e integrado por su vicepresidente Hermann González y los consejeros Jeannette von Wolfersdorff, Paula Benavides y Aldo Lema. Es la entidad encargada de asesorar al Ministerio de Hacienda en su manejo responsable de la política fiscal, así como sugerir mejoras a la metodología de medición del balance estructural, además de detectar eventuales temas emergentes para las finanzas públicas.
Justamente, en este último rol el organismo ha solicitado información al Ejecutivo en materias de interés por sus eventuales implicancias para la sostenibilidad fiscal, como los ingresos percibidos por las rentas del litio y las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
La importancia del gasto en salud
Consultada la entidad dirigida por Javiera Martínez, respondió que lo conversado con el CFA es que, dado que es un trabajo “en pleno estudio y diseño”, una vez definido el alcance del proyecto de ley del sistema de isapres, y el diseño de este por parte del Ministerio de Salud, “en coordinación con otros actores, abordaremos el tema”.
En la cita de mediados de mes del CFA participaron representantes de la Dipres, como la asesora macroeconómica Monserrat González, y su par de Hacienda Tomás Jaar.
La solicitud de información de parte del Consejo tiene como trasfondo la importancia del sector Salud en el presupuesto total del sector público, y la posibilidad de que una eventual quiebra de las isapres obligue a millones de afiliados a cambiarse hacia Fonasa, aumentando por sobre las proyecciones del Ejecutivo el gasto en el área.
El erario del Minsal es el tercero de mayor tamaño entre los ministerios, con $ 12.564.343 millones, sólo detrás de Educación (sobre $ 13.000.000 millones) y Trabajo (más de $ 14.000.000 millones).
En específico, el presupuesto de Fonasa para este año crece un 6,2% respecto a 2022, destinado, entre otros, a un Plan Extraordinario de Normalización Presupuestaria, el cual considera $ 212.600 millones para incentivar la eficiencia de los establecimientos, a través de dos cambios en los parámetros de este mecanismo de financiamiento: precio base único nacional público y reconocimiento de mayor complejidad y zonas extremas.
Otro punto relevante del contexto es el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, lo que le pone presión a la situación de las arcas fiscales para los próximos años. La propuesta buscaba recaudar US$ 12.000 millones en régimen.
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