Comienza la cuenta regresiva. En aproximadamente un mes, el gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos 2018, el último que elaborará el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y que será ejecutado por la próxima administración.
La cartera, junto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), está afinando los detalles de la iniciativa y continúa por estos días con sesiones de trabajo bilaterales con las carteras para consolidar el diseño presupuestario.
Este año el proceso tiene como trasfondo varios hitos: dos rebajas en la clasificación de riesgo en apenas dos meses; una nueva caída en el crecimiento potencial de la economía chilena, que pasó de 3% el año pasado a 2,6% en el actual; una mejora en el precio del cobre tanto para este año como en el largo plazo -pasó de US$ 2,56 a US$ 2,77 la libra-; y, más importante que lo anterior, el escenario electoral que promete enfrentar al oficialismo y la oposición en medio de la estrechez fiscal.
El nivel de endeudamiento, los montos de libre disposición al nuevo gobierno, y los dineros para la gratuidad, entre otros, prometen encender los ánimos en el Congreso.
Supuestos razonables
La proyección de crecimiento que utilice Hacienda para diseñar el erario 2018 será uno de los temas de mayor análisis para la oposición, señala el diputado RN y miembro de la comisión del ramo, Alejandro Santana. "Además, nos enfocaremos mucho en el nivel de endeudamiento, pues la deuda pública ya supera el 25% del PIB", dice.
El diputado PS y miembro de la misma instancia, Manuel Monsalve, advierte que una constante en los presupuestos en años electorales es que "los supuestos de PIB tienden a estar sobredimensionados" y recuerda el 4,9% de crecimiento que se proyectó en el erario 2014. El Producto terminó creciendo 1,9% ese año.
Platas para nueva administración
En 2014, el gobierno de Sebastián Piñera dejó más de US$ 300 millones en fondos de libre disposición a la actual administración. La oposición ha señalado que buscará que para 2018 la cifra alcance a lo menos US$ 600 millones para financiar nuevas políticas públicas. "Independiente de cuál sea el signo político, el próximo gobierno requiere de un espacio mínimo de maniobra", plantea el diputado Marcelo Schilling (PS).
Para su par de la UDI, Ernesto Silva, será "clave" que el gobierno "priorice gasto" y recorte en áreas "poco productivas" y herede un monto "razonable" para el nuevo Ejecutivo.
¿Cuánto será el costo de aumentar parlamentarios?
Un tema sensible es el financiamiento de los 47 nuevos parlamentarios (35 diputados y 12 senadores) para el próximo período, lo que elevará a 155 los integrantes de la Cámara Baja y a 50 los de la Alta. En su momento, el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseguró que esto se financiaría con reasignaciones y no con más aportes fiscales. El Congreso estimó en $ 15 mil millones anuales el costo. "Es claro a esta altura que la promesa de costo cero no se va a cumplir y el Ejecutivo deberá hacerse cargo de esto", afirma Santana.
Schilling espera que se "honre" el compromiso y que Hacienda se abra a fórmulas para financiar el cambio, como bajar 30% la dieta parlamentaria y en un quinto los costos de operación de la Corporación.
Holguras negativas y gastos comprometidos
El año pasado se marcó un hito: por primera vez, la Dipres reconoció que en un horizonte de tres años los recursos comprometidos superaban lo compatible con la reducción del déficit estructural. ¿El total? Unos US$ 1.700 millones entre 2018 y 2020. El senador de RN y miembro de la comisión de Hacienda, José García, señala que mirarán "con especial atención" si este nivel de déficit sube en el Informe de Finanzas Públicas de este año, "ya que se realizó con supuestos más optimistas que los actuales". El diputado PPD e integrante de la comisión de Hacienda, Daniel Farcas, plantea no olvidar que hay traspasos de funcionarios a contrata y mejoras en plantas de servicios, "los que probablemente serán objeto de crítica de parte de la oposición".
Gratuidad en educación y listas de espera en salud
Como ha sido la tónica en los últimos años, los recursos destinados a financiar la gratuidad en educación enfrentarán a oficialismo y oposición. Esta vez, deberá sustentarse el alza de la gratuidad universitaria a 60% de la población más vulnerable. En los últimos dos años, el financiamiento ha sido vía glosa presupuestaria. "Educación y las políticas sociales en general no pueden sacrificarse en pos de lograr el equilibrio fiscal. Vamos a exigir que esos montos estén asegurados", señala Schilling. Para García, los montos en Salud también serán objeto de análisis: "Las listas de espera han aumentado considerablemente en el último tiempo y también hay que avanzar en la construcción de los hospitales pendientes".
Gastos en publicidad bajaron 22% en el segundo trimestre
Uno de los ejes de la gestión de Rodrigo Valdés a cargo del Ministerio de Hacienda ha sido la austeridad. Así, ha establecido una serie de limitaciones del gasto público en diversos ítemes, como las comisiones de servicio en el exterior, la compra de pasajes y la renovación de los vehículos fiscales, por ejemplo.
Y uno de los apartados en que se establecieron restricciones para este año es en la publicidad y difusión en las reparticiones públicas. Aquello fue ratificado en una circular enviada por Valdés a cada cartera el 23 de diciembre del año pasado, en la que señalaba que se pondrá un tope máximo para los gastos en publicidad y que dichos montos no podrán incrementarse durante el año.
Asimismo, los ministerios solo podrán editar memorias y otras publicaciones por medios electrónicos en lugar de impresas. Salvo algunas excepciones.
¿El resultado? Según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), los gastos en servicios de publicidad anotaron una caída de 22,5% en el segundo trimestre en relación al mismo período del año pasado, totalizando $ 3.596 millones, una rebaja de más de $ 1.000 millones en el período.
Las principales bajas se registraron en las carteras de Vivienda (-83,4%), Obras Públicas (-74,5%) y Medio Ambiente (.61,7%). Las principales alzas en relación a lo ejecutado hace un año atrás se ubicaron en Contraloría (163%), el Poder Judicial (106,6%) y la Secretaría General de Gobierno (91,3%).
La referida restricción fue incluida como una indicación a la Ley de Presupuestos de este año. El diputado de la UDI y miembro de la comisión de Hacienda, Ernesto Silva, señala que propondrán nuevamente establecer esta limitación en el erario 2018: "No queremos que el gobierno abuse utilizando la publicidad como un medio de campaña política e insistiremos en ese punto".
Mientras que su par del PPD y miembro de la misma instancia, Daniel Farcas, coincide. "Es totalmente razonable establecer estas restricciones, considerando que hay otras prioridades como salud y educación", asegura.
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