A un mes del plebiscito constitucional donde la gente decidirá si aprobar o rechazar el texto elaborado por el Consejo Constitucional, diversos actores del mercado se han pronunciado respecto a la propuesta, y esta vez fue el turno del banco estadounidense JP Morgan.
En un informe elaborado por el economista jefe para el Cono Sur de la firma financiera, Diego Pereira, se desglosa el impacto de la votación en la economía chilena.
En esta dimensión, el reporte plantea que el debate de cuatro años sobre una nueva Constitución “ha provocado un aumento de la incertidumbre, con el correspondiente impacto en la inversión y el crecimiento real y potencial”. De hecho, recoge cómo la incertidumbre política “se disparó” luego del estallido social, y “se ha mantenido por encima del intervalo observado entre 1997 y 2018”.
Frente al texto constitucional, JP Morgan asegura que “el rechazo no implica necesariamente una vuelta al rango de baja incertidumbre que caracterizó a Chile durante años”.
De ganar el rechazo, aunque no se produzca un nuevo proceso constitucional en los próximos dos años, consideran probable que el tema “se superponga a los ciclos políticos, manteniendo así unos niveles relativamente altos de incertidumbre”.
Así, agrega que “la conclusión del debate sobre la Constitución sería positiva” hacia el futuro de Chile y que “la aprobación resultaría definitivamente positiva para la macroeconomía y los mercados”.
Sobre el borrador en sí, el informe menciona que “la propuesta constitucional parece larga y más maximalista de lo que esperábamos”. Aun así, se aplaude que “desde un punto de vista económico, el conjunto de normas incluidas en esta propuesta parece coherente con la capacidad de aumentar el crecimiento potencial en el futuro y, por tanto, el bienestar económico y el desarrollo”.
Esto, expone el informe, “contrasta fuertemente” con las normas de la propuesta de la Convención.
Los cambios políticos
En lo político, JP Morgan ve como “positivo” que el texto pretende reducir la fragmentación política, mediante la reducción del número de diputados -de 155 a 138-, la disminución del tamaño de los distritos electorales y el establecimiento de un umbral de un 5% de los votos emitidos para acceder a los escaños de la Cámara de Diputados.
Asimismo, expone que “la falta de interés y confianza en la discusión constitucional, junto con la idea de falta de esfuerzo para construir un consenso, parecen haber dominado hasta ahora en la opinión pública”.
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