El lunes en la tarde, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, recibieron a diversos representantes del mundo empresarial para exponerles los alcances del proyecto de ley de fortalecimiento de la entidad que pronto ingresará al Congreso.
Y si bien la cita logró reunir a varios directivos, algunos de ellos expresaron en privado cierta decepción. La “incomodidad y molestia” se podía sentir en el ambiente, relatan algunos de los asistentes.
En líneas generales, el proyecto busca dotar al Sernac de una facultad que le permita sancionar a las empresas infractoras que no ofrezcan soluciones oportunas y pertinentes a los consumidores.
Al interior del mundo empresarial no fue visto con buenos ojos que el Gobierno los invitara a escuchar los lineamientos de una iniciativa que ya estaría lista, sin espacio para comentarios por parte del sector empresarial.
El cuestionamiento pasa porque esta vez no hubo el espacio para dialogar, que sí existió en la agenda de productividad y en la de crecimiento, en la reducción de jornada, la discusión previsional, y, el ejemplo más reciente, en el pacto fiscal.
Para algunos, un indicio de la molestia empresarial fue la ausencia de los máximos dirigentes gremiales en la reunión convocada por Grau, ya que el único presidente gremial que asistió fue el de la Cámara Regional del Comercio y la Producción de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón.
Los otros asistentes fueron gerentes, asesores y representantes legales.
Si bien algunos gremios argumentaron problemas de agenda -en el caso de la propia CPC, por ejemplo, el presidente de la entidad, Ricardo Mewes, estaba en un encuentro con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y por ello asistió el gerente general, Fernando Alvear, en su reemplazo-, otros comentan que no se presentaron para “enviar una señal”.
“El proyecto ya lo tienen, no se entiende que nos inviten cuando ya saben lo que van hacer”, cuestionó otro representante gremial.
Un aspecto que critican algunos dirigentes empresariales es que el proyecto no abordaría el gobierno corporativo del Sernac, un tema que algunos sectores creen relevante. Hoy todo recae únicamente en el director, reparan en privado.
Los ejes del proyecto
En líneas generales, y de acuerdo con lo que las propias autoridades han expuesto hasta el momento, el proyecto busca dotar al Sernac de una facultad que le permita sancionar a las empresas infractoras que no ofrezcan soluciones oportunas y pertinentes a los consumidores, además de disponer la restitución de cobros mal efectuados y otras medidas preventivas.
Según explicó Herrera a Diario Financiero hace algunas semanas, se apunta a establecer, por ejemplo, la obligación a las empresas de responder los reclamos de los consumidores, cuestión que no ocurre a la fecha. “Esto quiere decir que las empresas van a tener que cumplir ciertos estándares al momento de responder, y el solo hecho de no hacerlo, configura una infracción por sí misma”, explicó.
El lunes, tras la reunión con los gremios y a través de un comunicado de prensa, Herrera planteó que el proyecto que impulsa el Ejecutivo “se hace cargo de una necesidad imperiosa de contar con un estándar de protección más elevado”.
Con respecto a las sanciones, el director del servicio recalcó que “la posibilidad de sancionar será el último recurso, pues esta iniciativa entrega incentivos previos para que las empresas resuelvan los problemas, mediante la obligación de crear canales de atención para recibir y resolver los problemas de consumo, condición que debería ser básica y esencial en la actualidad”.
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