Desde la entrada en vigencia en abril de este año de la Ley N° 21.772 que reforma al sistema notarial y registral en Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha recibido un total de 142 reclamos por parte de personas que han recurrido a estos servicios que prestan notarios, conservadores y archiveros.
Según el Sernac, “la principal queja señalada en los reclamos apunta a problemas de ejecución contractual, es decir, problemas con formalidades de contrato, retardos en la entrega de lo comprado y cobro de un precio superior a lo exhibido e informado.
Cabe recordar que de acuerdo a la nueva ley, el organismo tiene la facultad de supervigilar la calidad del servicio y el cumplimiento de la Ley del Consumidor. De los 142 reclamos, un 42% corresponde a la Región Metropolitana.
En este sentido, desde el Sernac explican que “han mantenido una coordinación continua con la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y se han enviado más de 500 oficios a las notarías, conservadoras y archiveros invitándolos a que se registren al portal del proveedor, para que sean notificados y puedan dar respuesta en caso de que un consumidor ingrese un reclamo”.
La directora nacional (s) de Sernac, Carolina González, señaló que “la incorporación de esta nueva facultad representa un desafío importante, porque nos permite ampliar nuestra labor de protección de las personas consumidoras a un ámbito que hasta ahora no estaba bajo nuestra supervigilancia”.
Explicó que “nuestro rol ahora es velar porque quienes prestan estos servicios cumplan con las obligaciones que establece la Ley del Consumidor, y para eso contamos con herramientas de fiscalización que nos permitirán detectar eventuales incumplimientos y adoptar las medidas que correspondan”.
Cabe destacar que, si bien la vigencia general de la ley que regula el nombramiento de notarios y conservadores y modifica aspectos de fiscalización comenzó en abril de 2026, la implementación de ciertas obligaciones tecnológicas y la operación 100% electrónica de parte de notarios y conservadores están sujetas a plazos graduales supeditados a la dictación de sus reglamentos correspondientes.
Mejorar el servicio
El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (IND-PPD), señaló que las cifras de reclamos “son una señal que hay que mirar con atención” y explicó que la reforma al sistema notarial “no se hizo solamente para cambiar la forma en que se nombran los notarios o modificar la estructura del sistema. Lo que buscamos fue algo bastante más concreto: que las personas tengan un mejor servicio, sepan cuánto les van a cobrar y no tengan que esperar más de la cuenta para realizar un trámite”.
Planteó que “si están llegando reclamos por cobros distintos a los informados, demoras en la entrega de documentos o problemas en la atención, corresponde revisar qué está pasando y fiscalizar cuando sea necesario”.
El parlamentario agregó que “no hay que olvidar que buena parte de quienes llegan a una notaría lo hacen porque la ley les exige realizar un determinado trámite. No es un servicio del cual simplemente puedan prescindir y, por lo mismo, el estándar de atención y transparencia tiene que ser alto”.
Araya concluyó que “no sacamos mucho con cambiar la ley si una persona sigue llegando a una notaría sin tener claridad de cuánto le van a cobrar o cuánto se va a demorar su trámite. Ahí es donde tenemos que poner el foco y donde debe fiscalizarse por los organismos correspondientes”.
En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), indicó que “un mejor servicio también depende de poder hacer ver lo que no funciona o no se respeta para que se corrija. Ese fue el ánimo del legislador y vemos con buenos ojos que la ley se estén implementando de buena manera”.
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