El estudio "Transición Hídrica" de Fundación Chile advierte que Chile "será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto al año 2040", lo que a estas alturas resulta ser una alerta en el corto plazo. No obstante, los organismos llamados a avanzar en la búsqueda de mecanismos o fórmulas que contribuyan a revertir ese proceso se mueven muy lentamente. Ese es el caso del Congreso.
La preocupación por la crisis hídrica se ha venido manifestando particularmente desde hace un par de años a nivel social, pero especialmente en el ámbito legislativo, que es el llamado a responder con proyectos a las inquietudes ciudadanas respecto de temas que le preocupan. Es así como desde 1990 a la fecha, al Congreso han ingresado 201 iniciativas relacionadas con la necesidad de regular algún aspecto del agua. Sin embargo, las de este último período en su mayoría apuntan directamente a la crisis hídrica.
A manera de anécdota, resulta llamativo descubrir un proyecto del 19 de marzo de 1991 –que modifica ley N° 18.778, que estableció un subsidio al pago de consumo de agua potable y el servicio de alcantarillado de aguas servidas- aún en tramitación. En todo caso del total de 201 proyectos desde la reapertura del Congreso, 72 fueron archivados, 84 continúan siendo tramitados y sólo 39 han sido publicados.
En este último periodo, desde el 2 enero de 2018 han ingresado a tramitación en el Congreso 25 iniciativas, entre las que destacan aquellas que han tomado relevancia debido a la crisis hídrica que enfrenta Chile, como por ejemplo el proyecto de reforma constitucional que suprime el texto referido a la propiedad sobre las aguas y consagra el derecho humano al agua; el de reforma constitucional que declara a las aguas como bien nacional de uso público y garantiza el derecho al agua; el proyecto que modifica la Carta Fundamental para imponer al Estado el deber de garantizar a todas las personas el derecho de acceso al agua potable o la iniciativa sobre el uso de agua de mar para desalinización.
Otros proyectos van en la línea de permitir y regular el uso de aguas servidas tratadas, para el riego de parques, plazas y espacios públicos urbanos; promover el acceso al agua potable; equiparar, respecto del agua embotellada, los requisitos y características exigidos al agua potable; obligar a los establecimientos de venta de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes o establecer normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para incorporar la obligación de las empresas concesionarias de servicios de recolección y disposición de aguas servidas, de solventar parte del costo de las obras de conexión a la red de alcantarillado de las comunidades de desagüe.
Lo sorprendente es que pese a la urgencia de avanzar en estas materias, particularmente en aquellas que dicen relación con la crisis hídrica, todos los proyectos ingresados desde enero de 2018 no han pasado del primer trámite constitucional, ya sea hayan ingresado por la Cámara o por el Senado.
Eso sin mencionar iniciativas como sobre protección de los glaciares, que también avanza muy lentamente en la Comisión de Minería del Senado y que por ahora está a la espera de escuchar a expertos en la materia para llegar a una definición consensuada del término "glaciar". Lo único que ha mostrado algo de avance es la ley de protección de humedales urbanos, recientemente promulgada.
Una mirada integral
Según el mismo estudio antes citado "92 mil millones de pesos gastó el Estado de Chile entre 2010 y 2016 para el arriendo de camiones aljibe que abastecieron a 400.000 habitantes", lo que da cuenta del avance de la crisis; pero este estudio también da cuenta de un de los principales problemas que tiene nuestro país para enfrentar la crisis y es que en la actualidad "existe una gobernanza dispersa con 43 instituciones involucradas en la gestión del agua", con lo que, según el diputado Sebastián Torrealba (RN) se hace prácticamente imposible tomar decisiones en esta materia.
El parlamentario, quien integra la Comisión de MedioAmbiente de la Cámara, explica que los numerosos proyectos relacionados con distintas aristas del tratamiento del agua y la crisis hídrica avanzan por dos razones: "porque cada uno tratar de solucionar por sí solo el problema del agua y porque el debate sobre el tema está demasiado ideologizado".
De hecho, según Torrealba "el principal problema es que la crisis del agua se debe a que por razones de cambio climático no llueve" y, en ese contexto, añade "el tema sobre la propiedad no va a solucionar la crisis".
Por lo mismo, comenta que hace dos semanas le pidió al gobierno que la Comisión Hídrica, que sesiona los lunes por la tarde en La Moneda evacué de aquí a marzo un plan de sustentabilidad hídrica de cara al año 2050. Ello, porque según explica el legislador oficialista "se requiere darle una mirada integral a este problema, porque no se resuelve con proyectos de ley. Es un problema muy complejo que requiere de políticas de infraestructura, políticas públicas y de gobernanza".
Sobre lo último, advierte que "la institucionalidad del agua está muy atomizada en nuestro país" y también "es necesario gestionar bien el agua, ya que, por ejemplo, el sector agrícola gasta alrededor del 80% del uso del agua, pero es muy ineficiente en su uso".
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