Desde el acuerdo del 15 de noviembre que abrió camino a un plebiscito para determinar si la ciudadanía aspira o no a una nueva Constitución es que tomó más fuerza el debate acerca de la necesidad de volver al voto obligatorio, ya que la cada vez más poca participación electoral le restaría representatividad a los distintos procesos que vienen en adelante. Este es solo uno de los argumentos que esgrimen los promotores de esta iniciativa. Sus detractores, en cambio, defienden la libertad de los ciudadanos de elegir si participar o no en los procesos electorales.
Estos últimos están representados en el debate por el oficialismo, aunque en Renovación Nacional hay quienes creen que es positivo para la democracia retomar el voto obligatorio; mientras que la oposición mayoritariamente está en la postura de volver al voto obligatorio. Así es como el pasado 29 de octubre un grupo de ocho diputados –incluidos los RN Karin Luck y Andrés Longton- ingresaron un proyecto para reponer el sistema de sufragio obligatorio.
La iniciativa fue ingresada al Congreso en medio del complejo escenario sociopolítico que travesaba el país por esos días, mismo que hacía presagiar disminuyera aún más la participación ciudadana en los procesos electorales que se vienen por delante en estos dos años –elecciones municipales, de gobernadores, parlamentarias y presidenciales-, a lo que posteriormente se sumó el plebiscito del 26 de abril.
En las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para el acuerdo suscrito pasadas las 3 de la madrugada del 15 de noviembre, a fin de intentar darle una salida a la crisis, se selló que el plebiscito de entrada –para definir si se quiere o no una nueva Constitución- será con voto voluntario y sólo el de salida –que ratificará los contenidos de la nueva Carta Fundamental, sería de carácter obligatorio.
La oposición no se conforma con eso y la presidenta DC de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Joanna Pérez, se ha esmerado en que la iniciativa de reforma constitucional avance a toda máquina, de manera tal que se pudiera aplicar también al plebiscito de abril. Sin embargo, el oficialismo se cierra a de plano a esa posibilidad.
Porque, según lo explica el analista político Marco Moreno, en los partidos de Chile Vamos perciben que en un escenario electoral de voto voluntario, el sector podría resultar favorecido, ya que se habría comprobado que los sectores altos son más ordenados para concurrir a sufragar, porque defienden más intereses; mientras que los sectores sociales más bajos, incluso por razones económicas –porque requieren trasladarse en algún medio de locomoción hasta el lugar de votación- prefieren desistir de cumplir con este deber cívico, junto con el hecho de que no tienen intereses que defender.
De hecho, entre los antecedentes que se esgrimen en favor de volver al voto obligatorio, se plantea que "es necesario reconocer que con varias elecciones ya registradas, no se han cumplido los supuestos que se tuvieron en consideración al momento de establecer el voto voluntario, como que el poder del dinero tendría menor injerencia en las campañas o que los partidos tendrían un incentivo adicional para promover la participación ciudadana".
Propuestas seductoras
Un estudio realizado en el año 2018 por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales da cuenta de que en los partidos de la exNueva Mayoría el 80% estaría de acuerdo con volver al voto obligatorio y en los de Chile Vamos solo el 50%, siendo los extremos de izquierda y derecha más proclives al voto voluntario.
En todo caso, pese a que esta iniciativa de artículo único ya se aprobó en general en la Sala de la Cámara, pero la oposición no ha logrado que se vote en particular para que pase al Senado a su segundo trámite. Y la situación se ha tensionado a tal punto que la diputada Pérez acusó "maniobras del gobierno y de la UDI para frenar la aprobación del proyecto que repone el voto obligatorio".
A su juicio, "Chile no puede farrearse la posibilidad de fortalecer la democracia y, por eso, nosotros no estamos con la calculadora en la mano como lo está haciendo la UDI y el gobierno, porque nosotros no le tenemos miedo a lo que la ciudadanía nos está demandando y hoy está reclamando en la calle y la gente dice que quiere volver al voto obligatorio porque siente que además de derechos, tiene deberes".
Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) recoge el guante y responde a estas acusaciones que estima infundadas. Desde su punto de vista "cuando la política está en crisis, es precisamente desde la política de donde tienen que venir las respuestas y estas no pueden ser obligar a la gente a votar; sino ser capaces de ofrecer propuestas seductoras para que la gente vaya a votar".
Además, Coloma discrepa con el argumento de que en los sectores socioeconómicos altos concurran más electores a votar. De hecho, aclara que "en la campaña presidencial donde debutó el voto voluntario, la de la presidenta Bachelet, ella ganó por un amplísimo margen; después tuvieron un muy mal candidato presidencial y nosotros uno muy bueno, eso es lo que motivó a nuestra gente a ir a votar y desmovilizó a su gente"; descartando de plano que hay un aspecto socioeconómico en el debate.
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