En abril de 2016 se promulgó la Ley de Financiamiento Electoral que cambió radicalmente el funcionamiento de los partidos políticos, ya que a partir de esta normativa el Estado comenzó a aportar recursos para que puedan realizar sus labores. Así a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 se determinaron los montos a que cada uno de los partidos se haría acreedor, en base a la votación de cada colectividad en las listas de diputados. Con esto, en el periodo que va entre los años 2018 y 2021 el Estado gastará una suma cercana a los US$25 millones en aportes a los partidos.
La normativa que crea el financiamiento público a los partidos busca evitar situaciones poco transparentes o derechamente de corrupción, ya que hasta ese momento no estaba normada la forma en que cada organización política reuniera fondos para sus actividades propias y de campaña. Según establece la nueva legislación, el Estado otorga a los partidos políticos aportes trimestrales para su funcionamiento.
"La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles, el pago de deudas, el desarrollo de actividades de formación cívica de los ciudadanos, la preparación de candidatos a cargos de elección popular, la formación de militantes, la elaboración de estudios que apoyen la labor política y programática, el diseño de políticas públicas, la difusión de sus principios e ideas, la investigación, el fomento a la participación femenina y de los jóvenes en la política", son algunos de los deberes que deben cumplir los partidos políticos y para lo que deben usar los recursos asignados.
Adicionalmente, los estudios e informes que las colectividades elaboren con cargo a estos fondos serán públicos, salvo que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte las decisiones estratégicas que pudieren adoptar los partidos políticos.
El Servicio Electoral es el organismo encargado de entregar a los partidos los recursos a nombre del Estado y es también la instancia que debe corroborar que a tales dineros se les esté dando la finalidad que indica la normativa, lo que se corrobora a través de una fiscalización anual a cargo del propio Servel.
El pago a cada partido se calcula multiplicando 0,04 unidades de fomento (UF) por el número de votos que obtuvieron sus candidatos y los independientes asociados al partido en la última elección de diputados (en este caso, todo el periodo se calcula en base a las elecciones parlamentarias de 2017).
En medio del debate generado a raíz de si se implementa o no el mecanismo de la paridad para que una mayor cantidad de mujeres pueda participar en la elaboración de la nueva Constitución, en el caso de que la opción "apruebo" se imponga en el plebiscito de abril; la ley que otorga financiamiento estatal a los partidos políticos establece que las colectividades deberán destinar al menos el 10% del total aportado por el Estado para fomentar la participación de las mujeres en política.
También hubo un cambio sustancial en materia de donaciones, puesto que de acuerdo a la reforma fueron prohibidas las donaciones de empresas a los partidos políticos, aunque sí se permiten las aportes de personas naturales, con un tope máximo de 300 UF anuales de no afiliados y 500 UF anuales de afiliados a partidos.
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