Los primeros días de marzo, los presidentes de la Democracia Cristiana y Renovación Nacional sorprendieron con una propuesta que algunos sectores consideraron provocativa: que las votaciones de los convencionales, electos para elaborar la nueva Constitución –si es que el "apruebo" se impone en el plebiscito de abril-, se conozcan sólo seis meses después de ser emitidas para evitar las presiones. La idea no ha sido muy bien recibida, porque según analistas políticos y centros de estudio tiene más desventajas que ventajas.
Aunque este es un tema que seguramente se retomará cuando se elabore el reglamento que norme el funcionamiento de la convención, ya sea Constitucionalista o Mixta, en general existe resistencia a la propuesta de RN y la DC. Por lo pronto, el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, es tajante: "no tiene ninguna ventaja", asegura.
En el mundo académico especulan que los citados partidos dieron a conocer esta idea como "una especie de globo sonda, para medir el efecto que causaba la propuesta y qué tanta acogida tiene en la gente"; Pardow, por su parte, admite que desde Espacio Público lo ven "con bastante resistencia", porque no apunta hacia una mayor transparencia en un escenario en que las instituciones están muy desprestigiadas.
El experto entrega dos razones, que están íntimamente ligadas, para rechazar la propuesta. Por un lado que hace muy difícil la rendición de cuentas, ya que a seis meses es muy difícil que la sociedad civil pueda fiscalizar, pues tendrá muchos problemas para detectar los conflictos de interés, por ejemplo, que eventualmente se hayan producido. De existir, dice Pardow, se deben conocer en el momento mismo en que está sesionando la convención. En el proceso se requiere la máxima transparencia que sea posible, subraya.
La segunda dificultad, que va amarrada a la primera, es que la falta de transparencia produciría un problema de legitimidad a la nueva Constitución, por lo que continuaría –esta vez por un motivo diferente- en cuestión la legitimidad de la Carta Magna.
Para intentar ser ecuánime, el presidente ejecutivo de Espacio Público reconoce que existe "cierta literatura respecto de que la transmisión televisiva del trabajo dificulta los acuerdos"; sin embargo, de inmediato aclara que la propuesta de RN y la DC para superar ese posible inconveniente "está al extremo opuesto". Así plantea que simplemente no se televisen las deliberaciones, quedando el respaldo escrito, como ocurre en las comisiones del Congreso Nacional que no se transmiten.
¿Y la fiscalización ciudadana?
Una mirada muy similar a la de Pardow expone el cientista político Marco Moreno. A su juicio, las ventajas de que se transparente la votación, son mucho mayores a los efectos que podría provocar en la ciudadanía el que se realizarán votaciones secretas. Desde su punto de vista, "en una sociedad que desconfía de las instituciones y está monitoreando la toma de decisiones en los centros de poder político o de cualquier otra índole, es necesario que se transparente también el voto de los convencionales, siguiendo la línea de los parlamentarios cuyas votaciones son siempre públicas".
Moreno explica que una de las pocas herramientas que tiene la ciudadanía para fiscalizar es conocer la forma cómo votan, por ejemplo, sus parlamentarios. E insiste en que actualmente todas las autoridades y representantes están en una "casa de cristal". Desde este punto de vista, subraya, "no es la dirección correcta plantear en sentido contrario". Y coincide con lo señalado por Pardow en que en términos generales el funcionamiento de la Convención "debe ser tal como ocurre en el Congreso".
Eso porque "en la actualidad, la demanda de transparencia y acceso a la información es muy importante para la gente. Y a transparencia permanente genera mayores niveles de confianza en la ciudadanía". Por lo mismo, advierte, "la propuesta de RN y la DC no va a prosperar".
Partiendo de la base de que con la idea se pretende evitar las presiones que pudieran sufrir los convencionales, el analista Carlos Correa sostiene que "esto no tiene ninguna justificación, porque todas las autoridades que toman decisiones sufren mayores o menores presiones". En este sentido, coincide con Moreno en el ejemplo de los parlamentarios, que "sufren presiones todo el tiempo y ahora incluso se les funa en personas o por las redes sociales por sus decisiones", añade.
Siguiendo con el argumento de las eventuales presiones, Correa plantea que también tendrían que ser secretas las votaciones de los jueces en los tribunales de justicia y los consejeros del Banco Central, entre muchos otros. Por el contrario, añade, la idea es ir dándole a la democracia cada vez mayor transparencia, pues "más transparencia es mejor democracia", advierte. Y sostiene que el voto secreto, en nuestro país, es aún la excepción.
Y no conforme con ello, Correa destaca que en el marco de la crisis debe ser mayor la tendencia a la transparencia del voto, pese a que la convención "efectivamente va a estar sometida a mucha presión de muchos grupos de interés, pero eso es legítimo y parte de la discusión sana que se tiene que dar en el debate para una nueva Constitución". Y "los elegidos no podrán eludir su responsabilidad, porque tomar decisiones públicas consiste en resistir las presiones".
Además, argumenta que en su reglamento, la convención tendrá que normar cómo va a escuchar a todos los legítimos intereses, más allá de la ley del lobby, que debe ser el desde no el tope, en este proceso.
Es importante, continúa, analizar cómo los organismos públicos administran sus decisiones a través del voto y pone de ejemplo lo ocurrido con el Tribunal Constitucional cuando debió resolver acerca del proyecto de ley del aborto en tres causales y se hizo cargo de su decisión pese a lo impopular que resultó ser.
Mirar al futuro
Un argumento en favor del voto secreto lo entrega el analista Aldo Cassinelli. "Si el voto de los convencionales es secreto lo más probable es que voten más pensando en los beneficios para el país a largo plazo y no llevados por la contingencia o la popularidad". La lógica de esto –dice- es que el fundamento de la votación no quede al arbitrio colectivo o de la "calle".
En todo, caso admite que esta fórmula puede tener un problema de legitimidad –como señala Pardow-. Ello, porque cuando el voto es público hay que argumentar lo que contribuye a una mayor transparencia; en cambio, cuando el voto es secreto no se responde a nadie.
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