Continúa el debate sobre el ingreso de proyectos inconstitucionales al Congreso. A juicio de la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Instituto Libertad y Desarrollo, Natalia González, el fenómeno de las inadmisibilidades se venía produciendo desde antes, pero la pandemia lo acentuó.
En entrevista telefónica, la abogada de la UC advierte sobre la decisión de algunos parlamentarios oficialistas -“muy pocos”, aclara- de respaldar proyectos inconstitucionales y no deja pasar el polémico llamado a defender la Constitución que hizo la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm.
-¿A qué atribuye la cantidad de proyectos inadmisibles que se están presentando?
-Desde antes del 18 de octubre y la pandemia, ya estábamos viendo una serie de iniciativas en el Congreso que eran inadmisibles y contrarias a la Constitución, en el sentido que pasaban a llevar las facultades del Presidente. Mi percepción es que la política ha perdido, en el último tiempo su rol de articular y coordinar las demandas ciudadanas y se ha transformado en una especie de vocero de la calle, en el Congreso.
-Uno de los roles de los parlamentarios es representar a la ciudadanía, ¿no tendría sentido que se hicieran cargo de lo que pide la calle?
-Sí, el rol del parlamentario es representar a la ciudadanía, pero eso no significa llevar todas las demandas al Congreso y dar la señal de que se van a satisfacer en un 100%, en un corto plazo. Justamente, porque es un rol de representación no están los ciudadanos en el Parlamento.
-¿Para el gobierno no habría sido más prudente sondear qué tanto piso tendría esta comisión de admisibilidad?
-Lo que el Presidente le propone al Congreso es crear una comisión que pueda proponer mecanismos para facilitar el análisis de las admisibilidades. Y cuando uno mira el programa de gobierno, en el capítulo de las modernizaciones al Congreso Nacional está, justamente, una instancia donde se pudiese mejorar el análisis de admisibilidad.
Hoy día la Ley Orgánica del Congreso establece que los presidentes de la Cámara, el Senado y de las comisiones, son los que determinan si la iniciativa es admisible o no. Luego, el reglamento de las corporaciones establece un procedimiento que, a mi juicio, es súper discutible, que es que cuando alguien tiene una opinión distinta al presidente de la mesa puede pedir que se vote la admisibilidad. Pero la admisibilidad es una cuestión de derecho, no es opinable si una iniciativa que se está promoviendo se apega o no a la Constitución. La reacción del Congreso, que dice que el Presidente se involucra en un poder del Estado aparte, que es el Legislativo, me parece altamente exagerada y no guarda relación con la realidad.
“Díscolos” en Chile Vamos
-Según el presidente de la Cámara ya se había creado una mesa en que participaban el Congreso…
-Hubiese sido razonable que el Presidente hubiese hecho alusión a esa mesa de trabajo y que los hubiese incorporado en la discusión; pero que anuncie una medida para revisar, sobre todo, cuando esas iniciativas en gran medida pasan a llevar sus prerrogativas es lo insólito de la discusión y el Congreso no hace ningún mea culpa de cómo ellos han pasado a llevar las prerrogativas que son de otro poder del Estado.
-¿Cuánto afecta la estabilidad del gobierno que parlamentarios de su coalición como Mario Desbordes o Manuel José Ossandón respalden iniciativas inadmisibles?
-Mi percepción es que la gran mayoría de la coalición está bastante ordenada. De hecho, la UDI, Evópoli y buena parte de RN estaban incluso promoviendo buenas prácticas internas con un protocolo para revisar las admisibilidades. Quienes están en una situación distinta son algunos parlamentarios de Chile Vamos, contados con los dedos de la mano, que han tomado caminos propios, que funcionan en una lógica muy personal.
-¿Estamos frente al resurgimiento de los díscolos en Chile Vamos?
-No sé si hablaría de díscolos. Lo que sí es que es un problema complejo en el sentido que en la medida que nos vamos acercando a los procesos electorales estas conductas, efectivamente, tienden a acentuarse. Eso es complicado porque si empezamos a ofrecer soluciones demagógicas y populistas, lo único que vamos a hacer es profundizar en forma permanente los problemas que la pandemia generó a nivel económico, social y sanitario.
-En la misma línea, ¿cómo afecta que figuras como Lavín, Codina o Carter estén poniéndole presión al gobierno desde sus propios roles?
-Sin duda puede haber un fenómeno electoral político también ahí, que efectivamente es complicado y que habrá que manejar con mucho cuidado; porque –si bien valoro el rol que cumplen los alcaldes- las discusiones de políticas públicas son de una alta complejidad. A mi juicio, cada estamento debiera –y así lo dice la Constitución- abocarse a las tareas para las que está mandatado y no para otras. No niego que ellos puedan hacer propuestas, es razonable que lo hagan.
-¿Cometió un error el Tribunal Constitucional con la declaración que hizo su presidenta?
-No me quiero referir acerca de si el pronunciamiento fue adecuado o no, pero lo que sí me gustaría decir es que bajo las instituciones y las reglas que nosotros mismos nos hemos dado como país, la forma que tiene el tribunal debe expresarse es a través de sus sentencias.
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