Una reforma constitucional sin los partidos políticos, que le devuelva el poder de decisión a la ciudadanía, parece un objetivo noble para algunos. Pero como muestra la fracasada experiencia de Islandia (ver recuadro), no siempre es el camino adecuado. El profesor de Ciencias Políticas del Amherst College, Javier Corrales, explica que, aunque hay una tentación de la sociedad civil de “castigar” a los partidos políticos, no puede haber una reforma exitosa sin que estos sean protagonistas.
En el caso chileno, si bien fueron los gestores del acuerdo que dio paso al proceso constituyente, con apenas 2% de credibilidad (CEP diciembre 2019), los partidos políticos han tenido un rol más bien secundario en la discusión. La postergación del plebiscito, en la que jugaron un rol clave, genera para los partidos -y el Gobierno- un escenario con nuevos riesgos y oportunidades.
Uno de los principales cambios es que ahora serán los partidos políticos, especialmente los de oposición, los más interesados en una reforma constitucional. El analista Max Colodro cree que el interés de la ciudadanía por una reforma constitucional disminuirá en el escenario de una crisis económica grave, secuela de la emergencia sanitaria. “La ciudadanía va a pasar a otras prioridades, y los que van a quedar son los partidos políticos, especialmente de centroizquierda; porque el oficialismo se concentrará en recalcar que, dados los gravísimos efectos económicos de esta crisis, el país no está para embarcarse en un proceso como este”, sostiene.
El “rebote” de Piñera
Los partidos enfrentan, además, otra amenaza en un escenario postcrisis: la recuperación de los índices de apoyo al Gobierno. Las primeras encuestas ya apuntan a un aumento en el nivel de aprobación de Sebastián Piñera, tal como ha sucedido con los jefes de Estado de otros países atacados por el Covid-19. Colodro lo atribuye al “espíritu conservador” que surge en momentos de crisis, quitando fuerza al impulso reformista. Por eso cree que la pandemia, y las secuelas que dejará, pone en riesgo la legitimidad del proceso constituyente.
Para el abogado Gonzalo Cordero los partidos quedarán en una “situación compleja”, pues si el Gobierno logra controlar la crisis logrará “revalorizar el valor del Ejecutivo. Incluso si gana el Apruebo, la necesidad de partir de cero, los diagnósticos de que en Chile todo funciona peor, todo eso perdería mucha fuerza”, agrega.
La cientista política Gloria de la Fuente marca un contrapunto y cree que la postergación del plebiscito, y la crisis generada por el coronavirus, ofrecen una oportunidad para que los partidos políticos reconecten con la ciudadanía. “Se genera un escenario para dejar a un lado la discusión abstracta y plantear más concretamente la discusión sobre qué significa un nuevo pacto social. El rol del Estado, el derecho a la salud, al acceso a la información, la privacidad de los datos, los derechos económicos, son todos temas que la crisis ha hecho más relevantes”, explica.
De hecho, mientras Colodro y Cordero creen que la campaña por el Apruebo queda debilitada, De la Fuente piensa que puede fortalecerse, siempre y cuando los partidos sepan vincular los temas urgentes de la ciudadanía con el proceso constitucional. Eso sí, aprovechar esta oportunidad requerirá de ellos un gesto de grandeza. “No es momento para generar rating con las necesidades de la gente”, advierte.
El peor escenario
Y sin embargo, hasta ahora ése parece ser el camino escogido por algunos políticos. “A una parte importante de la oposición se le nota demasiado que quiere que el Gobierno fracase en el manejo de la crisis, sin reflexionar en las consecuencias que esto tendría”, afirma Cordero.
Nadie quiere pensar en el escenario B, aquel en que el Gobierno fracasa en contener la crisis sanitaria, y Chile repite lo que estamos viendo en España e Italia. De La Fuente cree que la discusión constitucional seguiría siendo relevante, pero Colodro estima que el proceso quedaría descontextualizado.
La preocupación de Cordero va más allá del proceso constituyente, y cree que si se da este escenario, lo que está en juego es la institucionalidad y el riesgo de que gane respaldo ciudadano alguien “con una visión autoritaria” de la política. El extremo opuesto de lo que buscan quienes impulsan la reforma.
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