Este martes, después de un tenso tira y afloja entre el oficialismo y la oposición, porque los primeros dieron señales de bajarse del acuerdo alcanzado la semana anterior, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la reforma constitucional que posterga el plebiscito para el 25 de octubre. Esta medida, obligada por la crisis generada por el brote de coronavirus en el país abrió la puerta para poner límite al gasto electoral de la campaña, mediante una ley corta o algún mecanismo similar.
Parlamentarios de todos los sectores, y centros de estudio coincidieron en la necesidad de solucionar este problema, dado que durante el escaso tiempo en que se alcanzó a hacer campaña para el plebiscito sobre la mantención o no de la Constitución de 1980, se percibió un alto desembolso de dinero.
Un problema que afecta especialmente a Renovación Nacional, partido que está dividido en "Apruebo" y "Rechazo", aunque más inclinado hacia esta última opción. Por lo mismo, y previendo que dentro del partido se produjeran disputas internas por los aportes a la campaña, la directiva encabezada por el diputado Mario Desbordes emitió, en enero pasado, un instructivo, ordenando que los distintos comandos dieran cuenta escrita de los aportes y gastos, de manera "que haya la mayor transparencia posible, evitando cualquier tipo de dudas otra vez, acerca de la relación entre la política y los negocios", explican desde la colectividad.
Sobre todo, porque –según admiten en el propio partido- internamente el "rechazo" al cambio de la Constitución cuenta con amplia ventaja sobre el "apruebo" en cuanto a donaciones.
Proyecto en stand by
El senador Felipe Harboe (PPD) –integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta-, advirtió que "es clave que se corrija ese error de no poner tope al gasto electoral en la campaña por el plebiscito, tanto por un tema de transparencia como de probidad". De hecho, el parlamentario presentó un proyecto sobre esta temática el 15 de enero de este año y, desde ese día, duerme en la Comisión de Gobierno. Por eso, el parlamentario estima que ahora es el momento para retomar su tramitación.
La iniciativa "incorpora los actos plebiscitarios al ámbito de aplicación de la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral" y en el número 2 de su artículo único establece que "asimismo, se entenderá por gasto electoral todo desembolso o contribución avaluable en dinero, efectuado por las opciones o posturas organizadas, con ocasión y a propósito de actos plebiscitarios".
En los antecedentes de la iniciativa –que también fue suscrita por la actual presidenta del Senado, Adriana Muñoz, el expresidente de la instancia, Jaime Quintana (PPD), el socialista José Miguel Insulza y el DC Francisco Huenchumilla- se hace hincapié en que "establecer una normativa clara y transparente que regule el vínculo entre dinero y política es vital para la adecuada acción pública y legitimidad democrática"; pero también alude a que como ambas posturas deberán desembolsar recursos para elaborar la franja televisiva, urge que estos gastos "sean sometidos a una regulación adecuada y a una fiscalización efectiva. No podemos permitir que el dinero coopte un proceso electoral único en nuestra historia y muy posiblemente el primero en su tipo en el mundo".
Tema que planteó el propio Harboe –quien pretende pedir que se le ponga urgencia a la iniciativa- en la Comisión de Constitución del Senado el martes recién pasado, pero que no tuvo la acogida esperada. Según el senador, "lamentablemente, la respuesta que me dieron los partidos es que este tema no fue parte del acuerdo". Sin embargo, la inquietud ha sido expuesta tanto por otros senadores como por diputados, que están comenzando a ejercer presión.
Hay tiempo
Sobre la necesidad de ponerle tope al gasto de campaña para el plebiscito habían llamado la atención una serie de organismos, sin embargo, habían chocado con el argumento de que no había tiempo para hacer las adecuaciones necesarias a la ley, para dar cumplimiento a esa necesidad; según constata María Jaraquemada desde Espacio Público.
No obstante, tras la aprobación del cambio de fecha, Jaraquemada indica que desde el organismo "estamos totalmente de acuerdo con que los argumentos que se dieron, de parte de algunos sectores políticos, para no hacer una normativa, hoy ya no existen", porque dado que las campañas comienzan en agosto, habría tiempo suficiente para tramitar una legislación que se adecúe a la de las otras campañas en materia de límite al gasto electoral.
La experta sostiene que es fundamental que se norme para que haya transparencia sobre la fuente del financiamiento y haya igualdad de competencia entre ambas opciones. Y, de cara a la muy probable recesión que algunos estiman que podría generar esta crisis sanitaria, añade, que es más necesario aún conocer la procedencia del financiamiento de campaña, ya que "no se vería muy bien que las empresas realizaran grandes aportes, mientras en paralelo podrían estar despidiendo trabajadores".
Otra idea que plantea Jaraquemada es que se podría crear un "registro de comandos", porque lo que se había visto es que durante los días previos a la epidemia es que estaba todo muy desorganizados y, al menos, a través de las redes sociales había muchas denuncias muy difícil fiscalizar, ya que hay más de un comando por el "apruebo" y por el "rechazo".
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