Abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, Tomás Jordán (Linares, 1974) –sin militancia política– fue el coordinador del proceso constituyente del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Con pandemia, referéndum aplazado para octubre, crisis económica y el debate que se generó luego de las palabras del Presidente Sebastián Piñera –que deslizó la posibilidad de volver a revisar la fecha–, Jordán señala que “para algunos, toda coyuntura es una buena razón para frenar el proceso constituyente, básicamente, por que no quieren cambiar la actual”.
“Necesitamos una nueva Constitución justamente porque no tenemos acuerdos mínimos. El estallido social y la pandemia –en cuanto al sistema de salud– nos está mostrando que no tenemos consensos mínimos sobre los cuales sostenernos. Siempre estamos en una eterna discusión con posiciones antagónicas respecto a temas fundamentales”, señala.
–El Presidente Piñera indicó que “quizás la recesión económica va a ser tan grande” que quizás se va a volver a discutir la fecha del plebiscito. ¿Qué opina?
–Europa suscribió sus constituciones y sus pactos del Estado de bienestar en plena crisis de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la crisis económica más bien podría transformarse en una coyuntura importante para repensar cuál será la relación entre Estado, economía y persona en relación al modelo propiamente tal. Es una posibilidad y no un freno: las crisis son una buena oportunidad para buscar nuevos acuerdos institucionales.
–¿Un proceso constituyente no genera incertezas de reglas del juego?
–Pero la clave está en qué es más certero: ¿tener un acuerdo constitucional y reglas claras para el futuro? ¿O seguirlas discutiendo eternamente? La certeza jurídica es tener reglas claras y la única forma de lograrlo es que éstas no sean permanente discutidas. A eso se llama acuerdo o pacto constitucional.
–Si la pandemia no está controlada, ¿estaría usted por conversar una nueva fecha?
–Si la coyuntura de la pandemia está complicada a dos o tres meses del plebiscito, cualquier persona podría estimar razonable modificar la fecha, aunque sería posible pensar en fórmulas de votación parcializada. Pero cuando estamos a seis meses, no veo la razón para aplazarlo.
–De acuerdo a Salud, ni los enfermos crónicos ni las embarazadas están asistiendo a sus controles, por el miedo al contagio. ¿No piensa que la pandemia podría atentar contra la participación, que resulta de especial relevancia en este proceso?
–La participación es clave en un proceso electoral y plebiscitario siempre. Esa es una regla. Entre más gente participe, más legitimidad. Pero se trata de una decisión que se debe tomar, primero, en términos sanitarios, porque las razones políticas –la participación– es una consecuencia. La participación va a estar estrictamente ligada a que la pandemia esté controlada. Pero repito: es imposible tomar la decisión a seis meses.
“La democracia siempre genera gastos”
–Se ha hablado, incluso, de los gastos que representarían la realización de un plebiscito, en medio de tanto desastre económico.
–La democracia siempre genera gastos. Si uno lo mira simplemente por la relación coyuntura económica versus democracia, siempre la balanza se va a inclinar en favor de la democracia. Los países pobres realizan elecciones y no hay un cuestionamiento sobre que sería mejor destinar ese dinero a otra cosa.
–Las campañas comenzarán a fines de agosto. Con alto desempleo y muchas quiebras, ¿la gente tendrá su cabeza puesta en este proceso?
–Dos cosas. Lo formal: a fines de marzo, a un mes del plebiscito, la gente estaba informada para ir a votar apruebo o rechazo y nadie lo cuestionaba. Además, si es por campaña propiamente tal, discutir una Constitución durante 40 años es la campaña política más larga de la historia en Chile. Lo segundo es sustancial: siempre hay que confiar en las personas y en sus decisiones democráticas. Desconfiar de la ciudadanía es muy parecido a lo que pasó cuando se amplió el sufragio y había quienes decían que las personas no podían votar porque no eran educadas y, por lo tanto, no iban a entender.
–¿Una nueva ola de violencia no imposibilitaría el plebiscito?
–Que haya movilizaciones masivas no es equivalente a violencia propiamente tal. Pero los actos de violencia no son masivos y, junto con rechazarlos, se tienen que tomar las medidas judiciales y policiales correspondientes. Me hago la pregunta al revés: ¿qué escenario se tiene que dar para cambiar la Constitución si, según algunos, con normalidad no se puede y en situación de anormalidad tampoco? La Europa post Segunda Guerra –Alemania, Italia y España después de la dictadura de Franco– son países que estaban en una coyuntura económica radicalmente grave, políticamente destrozados y, socialmente, con una pobreza extrema.
–¿Existe espacio para no llevar a cabo el plebiscito?
–El sistema político está muy deslegitimado y al echar al basurero sus propias decisiones lo dejaría en una posición muy compleja. En otras palabras: suspender el proceso ahondaría la crisis política de Chile.
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