El lunes el presidente Sebastián Piñera anunció la esperada reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la cual fue ampliamente valorada en el mercado laboral.
Para el titular del ministerio del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se trata de un reforma “importántísima” si Chile busca evitar que sus trabajadores sean testigos de la pérdida de empleos por el impacto de la cuarta revolución industrial.
El secretario de Estado, además, realizó un crítico balance del desempeño de las OTIC (intermediadoras) y las OTEC (entidades capacitadoras), señalando que de aprobarse la reforma habrá una mayor fiscalización sobre ellas.
- ¿Por qué se decidió impulsar la agenda laboral con la reforma al Sence?
- Siempre Sence ha sido importante, pero hoy es indispensable, porque los tipos de trabajo están cambiando muy rápido y necesitamos que los trabajadores de las pequeñas, las medianas y las grandes empresas tengan instrumentos eficaces para ir cambiando al mismo ritmo. Es evidente que esta cuarta revolución tecnológica está impactando en el mercado laboral, entonces si la formación del empleo y la capacitación es lenta o defectuosa, los trabajadores serán testigos de la pérdida de empleos. Por eso, es importante en nuestra modernización laboral tener un Sence moderno, que vele por el buen uso de los recursos y que genere un impacto positivo.
- Usted habla de asegurar que los recursos se gasten bien. ¿Las medidas anunciadas erradican las malas prácticas en torno al servicio y sus herramientas?
- En Chile se gastan cerca de US$ 400 millones en capacitación, pero cuando se ven los resultados de esas capacitaciones en empleabilidad y productividad, es muy pobre. Como primer cambio, los cursos de Sence se van a pagar en función de la empleabilidad que generen. Aquí no se trata de hacer los cursos que las OTIC o las OTEC quieren ofrecer, sino que en lo que un trabajador necesita.
- ¿Por eso también se modificó la franquicia? ¿Se prestaba para mal uso?
- La franquicia funcionaba como un beneficio cuyo incentivo no era hacer un buen curso. Además, se prestaba para un mal uso. Por ejemplo, muchas empresas, diría que sobre el 60% de las que usan la franquicia, en diciembre giraban un cheque a una intermedidadora, que son las OTIC, para que administrara estos recursos y en abril se les devolvía la plata sin haber capacitado a nadie. No queremos que eso ocurra, no más. Lo que haremos es exigir que los recursos se gasten de verdad en capacitar bien a los trabajadores. Estos cambios son para nosotros importantísimos para mejorar el mercado laboral.
- ¿El proyecto contempla mayor fiscalización a las OTEC y OTIC?
- Sí, hay nuevas formas de fiscalización y sanciones más drásticas. En el proyecto introducimos ciertos cambios que son modernizaciones en la forma de fiscalizar, donde nadie podrá lavarse las manos como Poncio Pilato.
- En el anterior gobierno también se ingresó una modernización al Sence, la cual no logró avanzar, ¿qué estrategia legislativa implementarán para no repetir la historia?
- La exministra Matthei hizo mucho en esta materia. Pero efectivamente el proyecto no avanzó, además se presentó en el último año, pero aquí creo que la única estrategia válida es la verdad. Cuando me refiero a la verdad es poder mostrar cuánto podemos lograr, lo importante que es y la diferencia que podemos hacer si los casi US$ 400 millones que hoy el país destina en formación los gastamos bien.
Si alguien quisiera oponerse a este proyecto y dejar las cosas como están tendrá que explicar a quién busca favorecer. Ha habido una proliferación de capacitaciones de papel, que no han tenido efectos en empleabilidad. Con esto no quiero generalizar, pero el país ha sido testigo de que han proliferado OTEC mediocres que realizan capacitaciones que no tienen efectos en empleabilidad. Pese a eso, igual me gustaría destacar que hay instituciones que han hecho bien su labor.
El resto de la agenda laboral
- Este proyecto es la primera parte de la modernización laboral. ¿Cuándo van a ingresar las otras dos iniciativas?
- Esperamos que en los próximos días. Es una prioridad modernizar nuestro mundo laboral, y esto pasa por modernizar los instrumentos de formación en el trabajo, modernizar las normas del Código del Trabajo y me refiero tanto al contrato individual como al colectivo; y, al mismo tiempo, modernizar los mecanismos de fiscalización y protección de los trabajadores, porque es importante defender los derechos de los trabajadores de forma eficaz.
- ¿Se modernizará la institucionalidad encargada de proteger los derechos de los trabajadores, como la Dirección del Trabajo y los tribunales de justicia?
- En materia de la DT, tenemos que dar un paso adelante en fiscalizar más y mejor los derechos de los trabajadores. Así, que tal como hemos defendido que la agenda moderna del empleo debe permitir usar las tecnologías y mejorar la calidad de vida a las personas, también creemos que la fiscalización tiene que usar los medios tecnológicos para que sea mejor. Uno no se explica las larga filas en notarías, con firmas de contratos de trabajo, de finiquitos, en circunstancias que eso electrónicamente no sólo es más eficaz, sino que también permite a la DT fiscalizar mucho mejor.
Lo mismo respecto al pago de cotizaciones previsionales. Estamos implementando un nuevo sistema electrónico que fiscaliza en línea los retrasos de los pagos de cotizaciones previsionales de ciertas empresas y rápidamente se está enviando información electrónica advirtiendo a esas empresas.
- Pero con respecto a los tribunales y el alto nivel de causas laborales ¿qué se hará?
- Acá hay dos etapas: una, es la modernización y actualización de ciertas normas procesales que están produciendo una excesiva dilación y judicialización de ciertos procesos; y, al mismo tiempo, hicimos un análisis detallado de la sobrecarga de causas laborales para evaluar la posibilidad de aumentar el número de tribunales y jueces cuando corresponda. Pero lo más importante es que nos hacemos cargo de que no se defienden bien los derechos laborales cuando estos sólo quedan en el papel. Para defenderlos tenemos que tener procesos más eficaces, más rápidos y esas son las modernizaciones que nosotros vamos a plantear.
- La mesa técnica propuso que los servicios mínimos quedaran a cargo de una entidad técnica y no en la DT. ¿Se considerará eso?
- Prefiero no adelantar el contenido, pero creemos que la calificación de servicios mínimos es algo tremendamente importante para los trabajadores y también para la empresa, porque la esencia de una buena calificación es no afectar el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que no son parte de la negociación colectiva.
Este es un tema que tiene que ser mucho más ágil y rápido de lo que está siendo hoy, vamos a proponer una fórmula que le da mucha más rapidez a la calificación de servicios mínimos y más garantías a los trabajadores.
- ¿Qué pasará con los grupos negociadores? ¿Qué tipo de mecanismo implementará el Gobierno?
- Las propuestas las va a dar a conocer el Presidente, pero el Tribunal Constitucional ha reconocido que el derecho a negociar colectivamente es de los trabajadores.
Mi opinión como ministro es que ojalá todos los trabajadores ejerzan ese derecho a través de un sindicato, pero aquel trabajador que no quiera hacerlo, por las razones que él estime convenientes, no se le puede privar ni arrebatar ese derecho.
Lo mismo ha ratificado la propia DT a través del registro de los convenios colectivos en el último tiempo, registro que fue ratificado y avalado por la Corte Suprema recientemente. Cualquier iniciativa debe respetar nuestro estado de derecho, nuestra institucionalidad judicial y administrativa, por lo tanto la materia de discusión será bajo qué procedimiento los grupos negociadores van a poder ejercer el derecho a negociar colectivamente.
Cambios a indemnizaciones: "Hemos tomado la decisión de verlo en forma separada"
Hace unas semanas, un complejo debate debió enfrentar el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, con respecto a la propuesta de la mesa técnica de expertos de crear un sistema alternativo de indemnización a todo evento.
La idea, que planteaba crear un mecanismo a todo evento que se financiaría con un aporte del empleador equivalente al 4,11% de la remuneración bruta mensual del trabajador, y pagaría medio mes por año con un tope de 11 años, no cayó bien en algunos sectores, por lo cual el Gobierno descartó incorporarla a la agenda de modernización laboral.
- Usted señaló que está en análisis su posible envío al Congreso. ¿Ingresará más tarde o finalmente fue una idea desechada por poco respaldo político?
- Tomamos la decisión de analizar por cuerdas separadas. Tomamos la decisión de ingresar los proyectos de modernización laboral que son para nosotros una prioridad como gobierno, sin incorporar la propuesta de cambio al sistema de indemnización. Pero vamos a continuar analizando la propuesta de la mesa técnica, con distintos actores del mundo del trabajo, parlamentarios, académicos, porque sabemos que es un tema importante y que es necesario lograr ciertos consensos y cierto acuerdo político. Pero hemos tomado la decisión de verlo en forma separada precisamente porque nuestra prioridad hoy día está en los proyectos de modernización laboral, que son fundamentales para poner a nuestro país dentro de los países que van a crear oportunidades laborales.
"El propio INE ha dicho que las cifras de empleo no representan la realidad"
- Sobre la polémica por las cifras de empleo, el gobierno ha puesto énfasis en poner sobre la mesa los datos administrativos...
- Quiero ser muy claro, el propio INE ha dicho que las cifras de esa encuesta no representan fidedignamente la realidad del empleo en Chile. Simultáneamente, como ministro del Trabajo, me corresponde entregar todos los datos en materia de empleo al país, y la Superintendencia de Pensiones mes a mes, día a día, registra todos los nuevos trabajadores que empiezan a cotizar en el sistema de pensiones, y no se trata de una encuesta, es un dato preciso. El dinamismo en materia de empleo formal en Chile ha sido mucho mayor al de los últimos cuatro años, el promedio de creación de nuevos contratos en nuestro país supera los 200 mil empleos anuales y es nuestra obligación que esos datos se conozcan.
- ¿Pero no cree contraproducente cuestionar la credibilidad del INE? Se puede dañar su institucionalidad.
- Lo que habría sido contraproducente es que se entreguen datos sin especificar que tienen deficiencias. Por eso, valoro la actitud del INE de inmediatamente reconocer que la encuesta de empleo requiere actualizaciones en su marco muestral, tal como también lo señaló el Banco Central. Valoro que el INE se haya puesto de cabeza a hacer esos cambios fundamentales, porque nuestro país requiere una información en materia de empleo completa para ir tomando buenas decisiones. Me habría parecido mal, incorrecto y perjudicial para el país que se hubiese mantenido esta actitud de no reconocer que la encuesta venía con deficiencias de hace por lo menos 24 meses.
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