La caída de Nicolás Maduro es un hecho histórico. Y, hasta hace pocos años, impensado. Tras 25 años de chavismo y degradación institucional, el régimen venezolano parecía haber aprendido a sobrevivir a sanciones, aislamiento diplomático y crisis internas. El control territorial, las fuerzas armadas y las redes ilícitas le daban al poder una apariencia de permanencia. Hoy, esa certeza se quebró.
Dos hechos fundamentales explican este punto de inflexión. El primero ocurrió en julio de 2024, cuando Maduro desconoció los resultados electorales y usurpó el poder, violando el principio de autodeterminación de los pueblos. Esto reveló que la vía de la negociación e institucional fueron un fracaso. Los Acuerdos de Barbados, así como los esfuerzos diplomáticos de México, Brasil y Colombia, lejos de generar una transición, solo le dieron oxígeno a un régimen que nunca tuvo incentivos reales para ceder poder. La negociación fue utilizada como táctica de supervivencia, no como un camino de salida.
“Una cosa es una operación militar quirúrgica; otra muy distinta es el diseño político que permita sostener el día después. Sin un acuerdo de gobernabilidad, donde parte del chavismo estará en la mesa, no será posible una transición pacífica y ordenada”.
Un segundo hecho también fue decisivo: la designación del cartel de Los Soles como organización terrorista internacional y de Maduro como su líder. A partir de ese momento, Estados Unidos construyó un nuevo relato estratégico. Ya no se trataba de un jefe de Estado, ni de una guerra contra Venezuela, sino la persecución de un líder de una organización criminal transnacional que amenazaba directamente la seguridad nacional estadounidense a través del narcotráfico. El cambio conceptual no fue menor: redefinió el problema y habilitó otro tipo de respuestas.
No es un misterio que a Donald Trump no le interesa el derecho internacional: más bien es parte del problema y los organismos multilaterales, un estorbo. Fiel a su patrón en política exterior, Trump opta por la acción unilateral, amparado en leyes domésticas que le permiten actuar extraterritorialmente, sin importar si se violan principios internacionales. Estados Unidos ya ha recorrido este camino antes —Panamá e Irak, por ejemplo—, pero hoy lo transforma en un patrón de conducta.
La pregunta clave es qué hará Washington con la transición. Una cosa es una operación militar quirúrgica; otra muy distinta es el diseño político que permita sostener el día después. Sin un acuerdo de gobernabilidad, donde parte del chavismo estará en la mesa, no será posible una transición pacífica y ordenada. El desafío no es sólo sacar a Maduro, sino evitar que Venezuela caiga en un vacío de poder aún más peligroso. La tarea es titánica: se trata de la reconstrucción no sólo económica y política, sino moral de un país.
Este episodio también revela una geopolítica donde las potencias definen sus propias esferas de influencia, como la nueva estrategia de seguridad de EEUU con nuestro hemisferio como parte de su “barrio”. La doctrina Monroe, reinterpretada por Trump como Donroe, vuelve a operar sin complejos.
Para Chile el tema no es teórico. Con cerca de 800 mil migrantes, dos tareas asomen como prioritarias para el Presidente electo: ponerse a disposición para colaborar en la transición, considerando que Chile tiene experiencia en la materia; y la implementación efectiva de los corredores humanitarios, teniendo mucho ojo con una eventual relocalización de las redes criminales venezolanas que buscarán “asilo” en otros países.
El mensaje final es claro. Trump quiere demostrarle al mundo que EEUU tiene más poder del que muchos creían. Y, sobre todo, que el poder no es una abstracción institucional. El poder, para él, es personal. El poder lo tiene él.
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