La crítica situación financiera de algunas empresas del Transantiago tendrá consecuencias internacionales.
Esto porque la colombiana Fanalca, principal accionista de Subus (66,3%), envió a inicios de abril una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que, amparada por acuerdos de libre comercio entre Chile y Colombia, pide sus buenos oficios para solucionarlas diferencias que tiene con la cartera de Transportes.
En la misiva indica que de no prosperar esas gestiones, derivaría en que estos asuntos tengan que ser ventilados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Subus es uno de los principales operadores del sistema de transporte capitalino, con cerca de 23% de los buses, y presenta una compleja situación financiera que, según sus resultado de 2015, la tenían con pérdidas acumuladas por $ 82.212 millones (unos US$ 116 millones).
El alegato, que fue revelado por T13.cl y al cual se podrían sumar otras compañías, apuntaría a lograr una compensación del Estado por el impacto económico derivado de situaciones no resueltas como la alta evasión que muestra el sistema, los efectos en los tiempos de viaje porque no se ha construido la cantidad de corredores exclusivos comprometidos y el vandalismo, entre otras materias.
El director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, reconoció la solicitud de buenos oficios o negociación amistosa solicitada a la Cancillería y explicó que pronto se realizaría una reunión entre el representante de la empresa y el ministerio y que luego ellos entregarían sus argumentos.
De todos modos, se mostró extrañado por el alegato, dado que estas condiciones son comunes para todas las operadoras, sin embargo no todas tienen una mala situación financiera, como la de Subus.
Además, son demandas históricas y ya se han realizado varias renegociaciones contractuales, particularmente la del 2012, donde se compensó económicamente a algunas compañías por las implicancias en las modificaciones a los contratos.
Negociación y reestructuración
Sin embargo, el alegato y la eventual demanda ante el Ciadi, lo que ha sucedido en contadas ocasiones, tiene un trasfondo mayor, ya que el contrato de la operadora está en medio de dos procesos de revisión. El primero es programado, se realiza cada dos años y comenzó en marzo, y el otro excepcional que incluye una suerte de auditoría técnica por parte de Deloitte y DictUC, entidades que pronto entregarán su informe, para determinar si el gobierno accede a subir el pago por pasajero transportado y ajustar la operación a la velocidad promedio real, lo que reduciría los recortes que aplica el gobierno por incumplimientos.
En sus resultados 2015, Subus, que entre los articuladores de su deuda tiene al banco sueco de segundo piso EKN -que ha sido muy activo en su relación con el gobierno- dijo que “los ingresos de la sociedad no fueron los esperados (bajaron 3,5% en 2015), debido a la caída en las validaciones y la caída de las velocidades de la ciudad, que hace más lenta, costosa y difícil la operación (lo que no ha sido reconocido en los planes de operación del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), haciendo muy complejo cumplir con los indicadores y ocasionando mayores descuentos e incremento en los costos, dado que implica mayores horas de conducción (horas hombre) y más horas de uso de los buses (más combustible y repuestos)”.
En la industria comentan que lo que suceda en este caso servirá de precedente para otra de las firmas que ha pasado por complicaciones, como es Alsacia, la que maneja cerca del 30% del sistema, y que este mes iniciaría la revisión de su contrato.
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