Esta mañana, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) dio a conocer la cuarta reasignación a los recorridos D06 y D13 de la operadora Alsacia/Express y que pasarán a ser operados por Vule, situación que no dejó contenta a la empresa.
Desde la compañía señalaron que la cartera liderada por Andrés Gómez-Lobo, ha actuado con "ilegalidad y falta de transparencia" en lo que llaman derechamente una "expropiación" de los servicios, sin esperar el dictamen de la Contraloría General de la República solicitado por las empresas.
En un comunicado, la firma con capitales colombianos apuntó que el ministerio "nuevamente insiste en excusar –a través de la prensa- su accionar consistente en quitarle ilegalmente servicios a Alsacia S.A. y Express S.A., basado en el ranking de indicadores operacionales".
A lo anterior, desde la operadora también sostuvieron que las nuevas bases de licitación reconocen que tales indicadores son incorrectos y que serán modificados.
Pese a ello, añaden desde Alsacia, el organismo "ha reconocido por escrito que al menos durante los años 2015 y 2016, le exigió a estas empresas un plan operacional que era imposible de cumplir. Por tanto, los indicadores resultantes deben ser corregidos y las empresas indemnizadas Sin embargo, el MTT ha anunciado que los indicadores obtenidos como resultado de exigir a Alsacia S.A. y Express S.A. un plan imposible de cumplir, serán utilizados para calificar a dichas empresas en la licitación que se avecina".
Como resultado de aquello, acusan que la medida del Ministerio aparece como un "conveniente" mecanismo para eliminarlos de las próximas licitaciones y "favorecer" a otros.
"Con su comportamiento, el MTT está generando una asfixia económica a estas empresas con el declarado objetivo de que entren a un proceso de Reorganización Empresarial, sin que se resuelva el desequilibrio económico de estas concesiones, sin pagar a los acreedores financieros y dejando un serio problema para un futuro gobierno", comentaron.
Por último, la empresa indicó que la decisión de la cartera se ejecuta "sin motivación suficiente y con clara desviación de fin, ya que, en lugar de ampararse en el bien público, afectan el bienestar de todos los usuarios del transporte público de la Región Metropolitana".
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