La disputa sobre si abrir o no totalmente el cabotaje nacional está claro para la Asociación Nacional de Armadores.
En el gremio, que reúne a las ocho principales empresas operadoras de naves nacionales, son enfáticos en los riesgos que podría enfrentar el mercado ante esta posibilidad.
Actualmente la ley establece que sólo los barcos con banderas nacionales, es decir constituidos en territorio chileno, están autorizados para realizar el traslado de cargas en las aguas del país, por ende se restringe a naves con banderas de otras nacionalidades a realizar este servicio, pese a que ellos pueden descargar provisiones provenientes de otros mercados en diversos puertos.
Según explica Ricardo Tejada, gerente general de la Asociación de Armadores, en el caso de que exista una ruta que requiera de servicio de transporte de carga y que no pueda ser operada por ninguna empresa chilena, se establece la excepción de que barcos internacionales puedan entregar ese servicio.
“En Chile es semiabierto porque existe la posibilidad de que buques entren con bandera extranjera. Por ejemplo, cuando una ruta no es cubierta por un buque chileno, se le puede entregar la autorización a un buque extranjero. En el resto del mundo, el sistema es cerrado y más cerrado que el nuestro incluso”, aclara.
Competencia desleal
Para Tejada, abrir completamente el cabotaje no sólo sería un error geopolítico, sino que además afectaría el comercio local. Esto porque quienes utilizan este tipo de transportes son algunas empresas estratégicas para el desarrollo del país, como el traslado de ácido sulfúrico para la minería o de combustibles para ENAP.
El cabotaje en Chile mueve 15 millones de toneladas, siete de las cuales corresponden a graneles líquidos, tres millones de graneles sólidos y cuatro millones a carga de contenedores, especialmente de retail.
Tejada asegura que si se abre esta posibilidad, las naves extranjeras operarían bajo una competencia desleal.
“No podemos competir con un buque de bandera extranjera, su dotaciones son algo más baratas, no pagan impuestos en Chile, y los impuestos de la bandera que ellos pagan son mucho más bajos también, no hay posibilidad de competir con ellos. Que vengan todos los que quieran pero en igualdad de condiciones con las nuestras”, precisó al momento de agregar que tienen costos 18% mayores.
Otro efecto directo que traería, dice, es que se podrían afectar del orden de 20 mil puestos de trabajo que se otorgan de forma directa. “La baja en los precios en los fletes va a ser igual a cero comparándola con la pérdida económica-social”, advirtió.
Esto se suma al factor geopolítico, ya que explican que tanto los buques como sus oficiales y tripulantes, son la reserva de la marina nacional y se utilizan en casos de emergencia. “¿Qué pasa en caso de un conflicto o catástrofe? Si fueran buques extranjeros, no pueden obligarlos”, dijo Héctor Arancibia, director de la gremial.
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