Considerando sólo tres de los mayores casos de colusión en Chile, las empresas involucradas habrían logrado beneficios extraordinarios por más de US$ 800 millones, aunque las multas de las empresas involucradas -hasta ahora- han sido de US$ 100 millones.
El caso más emblemático fue el de las farmacias, en el que Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada se coordinaron para subir el precio de más de 200 medicamentos, según acusó la Fiscalía Nacional Económica. Pese a que las empresas lo negaron, la Corte Suprema confirmó en diciembre de 2015 las multas del Tribunal de Defensa la Libre Competencia (TDLC) que sumaron US$ 40 millones.
Durante el extenso juicio, la Fiscalía Nacional Económica dijo que las cadenas de farmacias lograron ganancias extraordinarias por más de US$ 67 millones.
En el segundo caso más bullado, en octubre de 2015, la Corte Suprema confirmó las multas aplicadas por el TDLC en contra de las avícolas Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y el gremio que las agrupara, por casi US$ 58 millones.
La Fiscalía Nacional Económica había acusado a esas empresas de formar un cartel que controló las cuotas de producción de carne de pollo en el país al menos durante diez años.
En su resolución, el tribunal dijo que las empresas avícolas habrían obtenido un beneficio económico por mayores precios de más de US$ 300 millones.
Todo esto se vio coronado la semana pasada, después que se conociera un informe de la Fiscalía Nacional Económica encargado a dos ingenieros de la Universidad de Chile, en el marco del cartel de las papeleras.
Según se informó, se generaron beneficios entre US$ 230 millones hasta
US$ 460 millones a las empresas que participaron del ilícito, dependiendo de la metodología que se utilice, aunque esto fue puesto en duda por una de las compañías aludida.
El documento, publicado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), se basó en la acción coordinada entre el grupo local Empresas CMPC y PISA -actualmente filial de la sueca SCA- en la venta de papel higiénico en el período 2001-2010.
De acuerdo al estudio, que utilizó dos metodologías diferentes, CMPC habría obtenido un beneficio extra de entre US$ 198 millones y US$ 368 millones, mientras que SCA habría sido entre US$ 33,6 millones y US$ 92,5 millones.
La Fiscalía Económica solicitó al TDLC eximir de multa a CMPC (que se acogió a la delación compensada) y aplicar una sanción de 20 mil UTA, equivalentes a US$ 15,5 millones, a SCA.
Colusión de las papeleras
Pese a que los alegatos finales de la causa en la que CMPC y SCA son protagonistas habían quedado para este miércoles 14, finalmente serán en enero probablemente.
¿El motivo? La sueca SCA pidió al TDLC que un perito pudiera revisar la traducción de un informe presentado CMPC llamado “The exclusion of Coercers from Immunity: A comparative report”. Esto, dado que -dijo SCA- la traducción libre que había presentado la papelera adolecía de ciertos errores.
El TDLC acogió dicha solicitud y, por lo tanto, corrió la vista de la causa, la que aún no tiene fecha.
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