El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, entregaron un segundo balance sobre el estado de los sumarios administrativos impartidos por la Contraloría General de la República (CGR), luego del polémico informe de fines de mayo que dio cuenta de que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país, pese a encontrarse con licencias médicas.
En una actividad en Teatinos 120, la autoridad actualizó los números de la cantidad de funcionarios de la Administración Central involucrados en los hechos y los sumarios respectivos, luego de que se entregara un primer reporte el pasado 27 de mayo.
Así, se detalló que se pasó de 7.990 funcionarios identificados en mayo, a 8.814 al 27 de junio.
De este total, hace un mes se reportó que a 6.592 trabajadores se les aplicó un sumario administrativo para que fundamenten las razones del viaje en período de reposo, cifra que se incrementó a 7.926 en la jornada de hoy.
Del total de funcionarios sumariados, la mayoría se encuentra en el Ministerio de Educación (3.353 casos) y en la cartera de Salud (2.428).
También, Hacienda y Dipres actualizaron los datos respecto a la cantidad de funcionarios públicos que viajaron con licencias médicas, siendo detectados por la Contraloría, pero que actualmente no se encuentra trabajando en los servicios respectivos.
Así, a fines de mayo se detalló que 1.102 personas no estaban trabajando en la respectiva repartición donde se le otorgó la licencia, número que se incrementó a 1.468 personas con información al 27 de junio.
El ministro Marcel explicó que aquello no significa necesariamente que estas personas hayan renunciado o sido despedidas de sus funciones a la luz de los antecedentes de Contraloría, sino que hay distintas razones, como que no hayan sido detectados en el primer reporte del órgano de control; que simplemente hayan cambiado de empleo; o que su contrato a plazo fijo haya finalizado.
De todas maneras, el secretario de Estado recalcó que la responsabilidad administrativa o eventualmente penal de estos funcionarios no se extingue en caso de renunciar.
También, el ministro explicó que a los funcionarios involucrados en el uso fraudulento de licencias se les pagaron remuneraciones por $ 10.893 millones durante su período de licencia, cuya duración promedio fue de 18,9 días.
Producto de las gestiones realizadas por el Ministerio de Educación y en línea con las recomendaciones de emanadas del Comité Nacional de Ausentismo, se informó que nueve instituciones de educación superior estatales están voluntariamente entregando información respecto de estos procesos disciplinarios, que involucran a 11 funcionarios.
Plazos y rol de la PDI
Marcel partió su presentación recordando que el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº9, realizado por la Contraloría, evidenció la existencia de 35.546 movimientos internacionales durante períodos de licencia médica, correspondientes a 25.078 funcionarios públicos.
Del total de movimientos, 30,5% corresponde al Gobierno Central, 59,4% a municipios y gobiernos regionales y 10,2% a otros.
Tras esto, Hacienda instruyó mediante oficio circular el inicio de los procesos disciplinarios correspondientes en servicios pertenecientes a la Administración Central, ante situaciones de incumplimiento de reposo a través de licencias médicas, o que han incurrido en conductas que hagan procedente el rechazo de estas licencias.
Se dio un plazo de 72 horas a los servicios públicos para iniciar sumarios y luego de 30 días para informar respecto de su avance.
Asimismo, explicó los distintos plazos para realizar las investigaciones: investigación de los hechos (20 días hábiles, prorrogables a 60); presentación de descargos (cinco días hábiles, prorrogables en cinco días hábiles); rendición de prueba (hasta 20 días hábiles); e impugnación (cinco días hábiles).
Hacienda también explicó la coordinación que se está llevando a cabo con la Policía de Investigaciones (PDI) para recibir antecedentes sobre los viajes, luego de que el 2 de junio la Contraloría impartió instrucciones especiales respecto de la validez de antecedentes durante la etapa investigativa, que establecían que, para acreditar los hechos identificados en la fiscalización, era necesario solicitar directamente por oficio la certificación oficial de la policía civil sobre la fecha de entrada y salida del país correspondiente.
Al 26 de junio, la PDI ha recibido de parte de los servicios de la Administración Central cerca de 1.500 solicitudes, de las cuales ha respondido a un 58%, agregó el secretario de Estado.
Reforma al SIL
Marcel y Martínez también informaron que entre lunes y martes de la próxima semana, el Gobierno ingresará al Congreso una propuesta de reforma al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), en el marco de la polémica por el mal uso de licencias médicas de parte de funcionarios públicos.
El secretario de Estado señaló que lo que se planteará es una reforma "paramétrica" para acceder a la prestación, evitando que se emplee un mal uso del subsidio.
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Sebastian Valdenegro
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