A agosto de este año, los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota debían alcanzar un 35% de avance, pero en mayo registraban solamente entre un 2% y un 11% de progreso.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Salud definieron julio de 2027 como la fecha límite para la apertura oficial de la Red Biobío, que contempla los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota. Pero a dos años del plazo establecido, los avances en la construcción de estos recintos de salud -bajo responsabilidad de la concesionaria española OHLA- son acotados.
Según el último informe de la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP, al cierre de abril el Hospital de Santa Bárbara registraba un avance del 7,82%, el de Coronel un 4,8%, el de Lota apenas un 2,02% y el de Nacimiento un 11,48%.
Este rezago no solo retrasa la entrada en operación de 569 camas y 16 pabellones quirúrgicos, sino que ha desencadenado una serie de conflictos contractuales y legales con la concesionaria.
De acuerdo con las bases del contrato, la empresa debía cumplir ciertos hitos de avance durante la etapa de construcción. El primero de ellos exigía que las obras alcanzaran un 15%, meta que debía cumplirse entre fines del año pasado e inicios de este, y que ninguno de los hospitales logró alcanzar.
El segundo hito fijaba un avance de 35%, con fechas establecidas entre los primeros meses de 2025 y agosto del mismo año, según el hospital correspondiente. Sin embargo, se anticipa -por el nivel de avance- que es poco probable que lleguen a la meta.
Aunque desde OHLA declinaron referirse al tema, fuentes ligadas al proyecto indican que la empresa responsabiliza al MOP por los incumplimientos.
No obstante, los conocedores del caso apuntan a que el problema de fondo es que la concesionaria no ha logrado estructurar adecuadamente su financiamiento ni obtener el respaldo de una institución bancaria, lo que impide dar inicio efectivo a las faenas. Según estos profesionales, la dificultad para levantar capital radica en dos factores: los propios incumplimientos de OHLA respecto del contrato y la delicada situación financiera que atraviesa la matriz en España.
De acuerdo a lo comunicado por el medio español El Economista, en mayo la empresa quedó con caja negativa. Como medida de emergencia, los principales accionistas del grupo impulsaron un aumento de capital por 50 millones de euros.
El conflicto escala
Frente a este escenario, el MOP optó por judicializar el caso. La DGC informó que, ante los incumplimientos contractuales, solicitó a la Comisión Arbitral la declaración de incumplimiento grave por parte de la concesionaria, con el objetivo de resguardar el interés público, evitar perjuicios fiscales, y evaluar ponerle fin a la concesión.
En respuesta, OHLA presentó un plan de remediación que fue rechazado por la autoridad, al considerar que se trataba más bien de una propuesta de modificación del contrato. Entre otros puntos, el plan contemplaba postergar la Puesta en Servicio Provisorio en más de un año, adelantar cinco cuotas del Subsidio Fijo de Construcción y anticipar pagos por suministro de equipamiento médico.
Según la DGC, la sociedad concesionaria no ha vuelto a presentar una propuesta que pueda ser evaluada; y recalcó que, cuando llegue el momento, la analizarán exhaustivamente, teniendo como primer objetivo cautelar el interés fiscal y, al mismo tiempo, dar certezas a la comunidad respecto de la suficiencia financiera, técnica y de calidad de la empresa a cargo de la ejecución de los hospitales.
Cabe señalar que éste no es el único conflicto que tiene el Grupo OHLA con el Fisco. La constructora ya demandó al Estado por US$ 43 millones por lo acontecido en el Hospital de Curicó, alegando millonarios perjuicios originados por la exigencia de ejecutar mayores obras y trabajos, o por hechos y errores imputables al MOP o al servicio de salud del Maule.
¿Fin del contrato?
Pero respecto a la red de hospitales del Biobío, una de las medidas que optó por utilizar OHLA en la Comisión Arbitral para proteger el contrato fue ingresar una precautoria que impidiera la ejecución de las boletas de garantía, con el fin de evitar que el MOP pusiera término anticipado al contrato.
Esta fue recientemente levantada, habilitando nuevamente a la cartera a ejercer sus derechos contractuales. Desde la DGC afirmaron que esta resolución refuerza las herramientas legales disponibles para velar por el cumplimiento del contrato, y que cualquier decisión sobre la ejecución de garantías será evaluada considerando el estado del procedimiento arbitral, el avance real de las obras y las obligaciones pendientes de la concesionaria.
Según las bases de licitación, las boletas de garantía de construcción de los cuatro hospitales suman UF 534.000, lo que equivale a cerca de US$ 21 millones. Si el MOP opta por hacer efectivas estas garantías, ese sería el monto que OHLA debería pagar al Estado chileno.
En una información enviada en España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, OHLA indicó que, si bien no es posible anticipar la duración del procedimiento administrativo iniciado ni su resultado, “la resolución del contrato de concesión de Biobío tendría un efecto sustancial y adverso en las actividades, situación financiera y reputación del Grupo OHLA”.
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