Más de 50 recursos administrativas, y 11 acciones ante tribunales y Contraloría, suman las distintas iniciativas que las defensas de los formulados de cargos por el caso Cascadas, han interpuesto en contra de decisiones tomadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Así da cuenta la respuesta que fue presentada el martes pasado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la Corte de Apelaciones. En ella, solicita que se deje sin efecto la orden de no innovar dictada por el tribunal sobre el procedimiento administrativo contra Roberto Guzmán.
En el escrito, el CDE señaló que “no se percibe ningún perjuicio causado al recurrente, atribuible al Oficio Reservado impugnado, mucho menos cuando el acto trámite impugnado ha tenido como único propósito que el imputado pueda justamente rendir la prueba para su defensa. De hecho, de haberse obrado de otro modo, pudo haber afectado o limitado el legítimo derecho a defensa del recurrente, mediante una actuación ilegal”.
Además, argumentó que “la orden de no innovar podría poner en grave riesgo la posibilidad de sancionar las posibles infracciones a la ley imputadas, atendidos los plazos de caducidad que corren respecto de la potestad punitiva de la Superintendencia de Valores y Seguros. Esto considerando, además, que los otros formulados de cargos ya han manifestado, públicamente, que presentarán todas las medidas a su alcance de forma que los períodos probatorios de los procedimientos administrativos de los sindicados participantes del esquema, incluido el Sr. Roberto Guzmán, se lleven de manera paralela”.
Así, señala el texto presentado por el CDE, “a través de la orden de no innovar no sólo se suspende un proceso dejando abierta la posibilidad que caduque la facultad sancionatoria administrativa de parte importantísima de las actuaciones dañosas, inclusivo eventualmente, dejando sin sanción al recurrente formulado de cargos, sino que también pone en entredicho el desarrollo de los demás procesos administrativos llevados a los restantes y eventuales miembros del esquema”.
“En síntesis S.S. lo que pretende la defensa de Guzmán no es otra cosa que impedir o entorpecer la actividad fiscalizadora de la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de sucesivos reclamos de ilegalidad”, señala la defensa.
De hecho, agrega que “en el transcurso del procedimiento administrativo el Sr. Guzmán ya ha presentado 4 solicitudes de reposición, solicitando además en 4 oportunidades la suspensión del procedimiento, en lo que podría entenderse un afán dilatorio”, a lo que se suma que “en el desarrollo de los procedimientos administrativos de los distintos formulados de cargos de los eventuales miembros del esquema, se han presentado 7 solicitudes de invalidación, 22 de reposición y 14 solicitudes de suspensión del prodecimiento, lo que daría cuenta de un afán por entorpecer el desarrollo de dichos procedimientos administrativos”.
“A lo anterior, cabría agregar que los formulados de cargos han interpuesto 2 acciones ante Contraloría, 4 recursos de protección, 3 recursos de ilegalidad, 3 recursos de queja y 2 querellas criminales, esto es, actuaciones nunca antes vistas ante la Superintendencia”, señala el CDE.
“Aún más, de los recursos de protección sólo en uno se decretó su admisibilidad, desistiéndose la parte de manera posterior al alegato y previo a su resolución, siendo condenada en costas. Habiéndose desistido del recurso de protección, la misma parte presentó posteriormente un recurso de invalidación por la misma materia que se había desistido, pero en dicha oportunidad en el mismo procedimiento administrativo, lo que da cuenta de las argucias de las que se han valido para distraer el conocimiento del fondo de la causa”, señala el documento.
La polémica por los hechos a probar
Entre otros puntos, el CDE afirma que la orden de no innovar atenta contra el artículo 46 de la Ley Orgánica de la SVS, que señala que la interposición del recurso de ilegalidad no suspenderá los efectos del acto reclamado.
Cabe recordar que la Corte de Apelaciones dictó una orden de no innovar, hasta que se decida respecto del recurso de ilegalidad presentado por la defensa de Guzmán Lyon el pasado 14 de mayo. Esto, pues la defensa del formulado de cargos ha afirmado que es la Superintendencia la que debe identificar cuáles son los hechos a probar, y qué medios de prueba se requieren con ese objeto, y no son ellos quienes deben hacerlo, que es lo que mantiene la SVS.
Respecto de dicha postura, señala el CDE que la administración pormenorizó los hechos en que funda su imputación en la formulación de cargos.
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