Aunque con contratiempos, el proceso sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por el caso Cascadas sigue avanzando. Si bien la llamada arista Linzor continuará durante esta semana, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de no innovar, presentado por la defensa de Roberto Guzmán Lyon, lo que podría retrasar aún más la resolución del denominado esquema.
Esto porque ayer la Segunda Sala de la Corte de Santiago acogió la Orden de no Innovar que presentó la defensa del empresario, lo que implica que la SVS no podrá continuar con el proceso mientras el tribunal no resuelva el recurso de ilegalidad presentado contra el regulador.
Según el abogado a cargo de la defensa, Gabriel Zaliasnik, “presentamos un reclamo de ilegalidad en contra de la SVS, porque ésta se negaba a fijar los hechos sobre los cuales debe rendirse la prueba, y exigía, ilegalmente, que nosotros señaláramos los puntos que queríamos probar. Sostenemos que eso vulnera la presunción de inocencia e invierte las cargas probatorias que le corresponden a la Superintendencia en cuanto ente acusador”.
“De acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, según el inciso segundo del artículo 35 de la Ley 19.880, es la autoridad quien tiene que señalar los hechos que no le constan, y que deberán probarse”, dice el abogado.
Por ello, explica, “lo que hicimos es pedir que la Corte dispusiera una orden de no innovar, de manera que no pueda seguir adelante el procedimiento administrativo sancionador”.
Al ser consultada, desde la SVS señalaron que “sobre este caso particular, la superintendencia no ha sido notificada formalmente sobre la orden de no innovar que emitió la Corte de Apelaciones de Santiago”.
Además, la entidad indicó que “portará todos los antecedentes necesarios al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que este organismo pueda representarla judicialmente, y ejercer las apelaciones que correspondan ante la Corte de Apelaciones de Santiago”.
Eso sí, advirtió que “los otros procesos administrativos en curso seguirán su desarrollo normal, toda vez que son procedimientos independientes”.
Sin embargo, al parecer no todo estaría dicho respecto a este último punto. Según afirmaron fuentes relacionadas a las defensas de otros formulados de cargos en la arista del denominado esquema, esta “suspensión temporal” se debiera aplicar a todos los implicados, para que así se respete el debido proceso.
“En abril la SVS señaló, al reabrirse las causas que habían sido suspendidas por el ex superintendente Fernando Coloma, que para garantizar un debido proceso era necesario que la tramitación de los procedimientos sancionatorios fuera simultánea. Sin embargo, ahora dice que no y que son todos independientes...entonces en qué quedamos”, afirmó un abogado relacionado al caso.
Respecto a cuáles podrían ser los próximos pasos a seguir si este escenario se mantiene, el profesional señaló que se podría acudir a la Contraloría General de la República para que haga “entrar en razón” al organismo, o acudir a la Corte de Apelaciones.
Cabe recordar que la superintendencia debe aún dictar el inicio del proceso probatorio para los formulados de cargos en el denominado esquema, y que involucra a Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, Leonidas Vial, LarrainVial Corredora de Bolsa, y dos de sus ejecutivos; Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz Amenábar.
Nuevas declaraciones
El martes recién pasado, el organismo dirigido por Carlos Pavez envió un oficio a las partes, indicando que mañana viernes se iniciaba, por un período de 10 días, la toma de declaraciones a los cerca de siete testigos presentados por Banchile y Cristián Araya, por la cuestionada operación Linzor.
Hace dos semanas, acudió hasta las oficinas del organismo Sebastián Candia, ex subgerente de acciones internacionales de Banchile, nombre que fue presentado por la defensa del ex fondo Linzor Total Return Fund (hoy CHL Capital), representado por Canio Corbo.
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