Esta semana la Corte de Apelaciones dirimirá un recurso de protección en contra del proceso de otorgamiento de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), interpuesto por los presidentes de los trabajadores del petróleo y el cobre, las senadoras Isabel Allende y Ximena Rincón, y el senador José Antonio Gómez. El abogado que representa esta ofensiva, Patricio Zapata, explica los alcances jurídicos de esta acción.
Posible paralización
Zapata explica que “es importante que no se firmen los contratos y que se paralice el procedimiento, porque una vez firmados los contratos entre SQM y el gobierno, será más difícil realizar la nulidad”. El abogado constitucionalista dice que “lo que se necesita es un juicio de fondo de los tribunales”, y destacó que el ministro Jorge Dahm acogió a trámite el fondo del recurso que presentamos, y él lo va a estudiar y a fallar”.
El profesional puntualiza que pese al rechazo manifestado por este mismo magistrado a la medida precautoria que presentaron antes con este mismo objetivo, los opositores a este proceso confian en el éxito de su apelación. “Lo que él rechazó fue una cosa muy puntual, que es la medida precautoria. Con respecto a ésta última, ya insistimos, y esta semana espero que la Corte de Apelaciones se pronuncie. Esto es lo que podría paralizar la licitación”, indicó .
En todo el caso, vaticina que la discusión de fondo en los tribunales tomará tiempo, “puede que más de un año”.
El abogado asegura que “existe una voluntad muy seria de los demandantes de seguir adelante, y agotar la vía de los tribunales. Mientras existan alternativas, se van a agotar para que esto se haga bien”.
Los argumentos
Zapata asegura que este proceso es “inconstitucional”, argumentando que “la ley chilena establece que el litio es una de las sustancias minerales que no puede ser objeto de concesión. Si uno examina las bases de la licitación, se da cuenta de que cuando se habla de un CEOL, la verdad es que la sustancia equivale a lo que es una concesión”.
Por el contrario, el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, ha señalado que el proceso de contrato especial de operación también se había hecho en administraciones de la Concertación con el petróleo, y que entonces nadie dijo que era una operación ilegal o inconstitucional. Zapata contratacó aseverando que “hay diferencias importantes entre lo que hizo la Concertación con el petróleo y lo de ahora con el CEOL”. Afirma que “mientras en los contratos del petróleo, había una contraparte estatal –ENAP-, además estaban delimitados los sitios de las explotaciones. Por otra parte, antes se explicitaba que la adjudicataria tenía que tener actividad y producción, y en el caso del CEOL no existe tal obligación de producir”.
Agrega que SQM tiene una concesión anterior a 1979 –cuando se declaró al litio como no concesible-, y que “lo que se hizo ahora fue ampliarle la concesión por 20 años más contra la ley”.
Contrapunto
Rodrigo Delaveau, de Libertad y Desarrollo, considera que el recurso de protección “contiene errores, como el presentarla ante un tribunal incompetente, más cosas de fondo que han motivado que en dos oportunidades se haya rechazado la precautoria para impedir la licitación”.
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