La Dirección General de Aguas (DGA) puso hace unos días en marcha una de las 21 medidas que en abril pasado la Comisión Nacional de Productividad le entregó a la Presidenta Michelle Bachelet.

Se trata de la agilización del trámite para obtener los permisos de las denominadas “obras mayores”, que incluyen a embalses de centrales hidroeléctricas, tranques de relaves y tranques de riego, entre otras, cuyas autorizaciones se encuentran entre los trámites de más larga duración en el organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas y de la administración pública en general.

La forma que la entidad encontró para flexibilizar este proceso es autorizar, a través de una resolución, la participación de evaluadores externos independientes acreditados que deberán ser pagados por los titulares de los proyectos.

La normativa establece que la construcción de obras hidráulicas que puedan afectar la seguridad de terceros y la contaminación de las aguas, tales como embalses, acueductos, sifones y canoas que crucen cauces naturales, entre otras, requerirán de la aprobación de la DGA.

“De esta forma se acelerará la revisión y resolución de expedientes administrativos y, para asegurar la calidad y experiencia del consultor que realizará la pre-revisión, éste deberá estar inscrito en el Registro de Contratistas del MOP”, explicó el director de la DGA, Carlos Estévez.

Añadió que en el primer semestre de este año la repartición superó en un 97% la aprobación promedio anual de proyectos hidroeléctricos y mineros de los cinco últimos años.

Al 30 de junio se aprobaron 15 proyectos, principalmente de energía y minería, de empresas como Hidroeléctrica Río Colorado, Empresa Eléctrica Carén y las mineras Candelaria y Zaldívar, entre otras.

A este ritmo, dijo, esperan cerrar el año con al menos 30 aprobaciones, es decir, un 200% por sobre la media 2011-2015.

Durante este año, precisó Estévez, se ha mantenido esta tendencia de disminución de más de dos mil expedientes por año, reduciendo los tiempos de tramitación. La meta es reducir de 14.250 expedientes pendientes en diciembre de 2014, a 8.300 en diciembre de 2017.

No vinculante

En el sector privado provocó algunas dudas que en uno de sus puntos la resolución, vigente desde su publicación la semana pasada, indica que el carácter de los informes de pre-revisión que sean presentados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, es decir, mediante la intervención de evaluadores externos, no es vinculante para el servicio dependiente del MOP, para el cual ese contenido constituirá una propuesta de revisión técnica, respecto de la que la DGA puede solicitar nuevos antecedentes y revisiones adicionales.