El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó esta tarde el peor escenario para el mundo de las isapres.
El organismo determinó que los gastos que estas empresas han realizado por concepto de costas ante los tribunales de justicia -la mayoría derivado de las demandas por alza en los planes- corresponden a un gasto rechazado dado que no constituyen montos que puedan atribuirse a su actividad como industria.
Esto implica que las instituciones de salud previsional deberán cumplir con el impuesto especial que impone un cargo del 35% sobre esos desembolsos de manera retroactiva por tres años (2013-14-15) y de 40% a partir del próximo.
Por medio de un oficio, el SII explicó que "manteniendo el criterio histórico (...) las costas personales originadas en los juicios de cotizantes en contra de las Isapres por aumentos unilaterales de los planes de salud no constituyen gastos necesarios para producir sus rentas al no estar relacionados con su giro ni estar destinados a generar sus ingresos; sino que su objeto es resarcir los gastos en que ha incurrido la parte vencedora en el procedimiento".
Además, teniendo en cuenta que "toda vez su obligación de pago deriva de una resolución judicial que determinó la existencia de actos u omisiones calificadas de ilegales o arbitrarias".
Con todo, las sumas liquidadas por concepto de impuestos al conjunto de las siete empresas del sistema fiscalizadas ascienden a los $6.571 millones, las que sumados reajustes, intereses y multas, alcanzan los $12.647 millones (unos US$ 18,8 millones).
Esta es una mala noticia para el sector de salud privado, que viene experimentando una baja en sus utilidades los últimos años y se ha visto incapaz de elevarlas por medio del aumento de primas.
El pronunciamiento definitivo del Servicio se da en el marco de un plan de fiscalización sobre gastos rechazados del artículo 21 inciso 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta iniciado el año pasado, donde se notificó a las instituciones para verificar el tratamiento tributario aplicable a las costas personales a las cuales fueron condenadas en la tramitación de recursos de protección, respecto de los años comerciales 2013, 2014 y 2015.
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