La semana pasada la Comisión de Constitución del Senado aprobó incorporar al proyecto de ley de libre competencia un artículo que establece que las participaciones superiores al 10% del capital social de una empresa competidora constituyen en sí mismas una infracción al DL 211 que regula esas materias.
“La participación de un grupo empresarial en el capital de empresas competidoras, que exceda del 10% de éste, considerando todas las inversiones propias y aquellas administradas a nombre de terceros, siempre y cuando los grupos empresariales a que pertenezcan estas empresas competidoras entre sí tengan cada uno ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que excedan las cien mil unidades de fomento en el último año calendario” será contraria a la libre competencia, dice el artículo.
La indicación, que fue presentada por un grupo de senadores encabezados por el PPD Eugenio Tuma, podría ser objeto de adecuaciones o incluso ser eliminada, mientras esté pendiente la redacción del informe del proyecto, proceso quer finalizaría la próxima semana cuando está previsto que el texto legal será despachado y enviado a la comisión de Hacienda.
Pese a lo anterior fuentes de la Cámara Alta comentaron que dado que la idea de incluir este nuevo artículo fue aprobada en forma unánime difícilmente podría ser desechada del proyecto.
De acuerdo a lo planteado en el artículo la prohibición regiría para empresas que tengan ingresos anuales superiores a las 100 mil UF, aunque comentan conocedores del tema que admitiría una excepción en caso que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) así lo autorice, habiendo determinado que no se afecta la libre competencia.
“Cuesta leer la indicación en el contexto del proyecto de ley. Con la redacción actual uno debería concluir que el tener participaciones minoritarias que superen el 10% están prohibidas pero que operaciones tal vez más claramente riesgosas para la competencia tienen un tratamiento menos severo por medio del sistema de evaluación previa de operaciones de concentración. Es decir, pareciera que con el proyecto de ley la mirada es más estricta con participaciones minoritarias que no necesariamente dan control o influencia sobre la administración, que con, por ejemplo, fusiones por absorción de empresas competidoras en mercados concentrados”, explica la abogada del estudio Morales & Besa, María José Henríquez.
Incertidumbre
La profesional que hasta diciembre pasado fue la Jefa de la Unidad Anti-Carteles de la FNE añade que al igual que la norma del interlocking, también introducida durante el debate parlamentario, en este caso quedan varias interrogantes derivadas de la redacción del artículo: “por ejemplo qué pasa con participaciones indirectas, o si caben dentro de la norma los fondos de inversión que efectivamente pueden tener intereses en empresas pertenecientes a una misma industria”.
Otro factor que provoca inquietud es que la reforma a la norma de libre competencia es una de las promesas del gobierno, por lo que existe la intención de que el proyecto esté despachado antes del 21 de mayo. 
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