En momentos en que la atención de los sectores público y privado parece estar centrada en la reforma al Código de Aguas, fundamentalmente en lo referido a la caducidad de los derechos de aprovechamiento, sigilosamente en el Congreso avanzan los cambios constitucionales respecto del tratamiento de este vital elemento.
En marzo, la comisión especial del Senado sobre recursos hídricos, desertificación y sequía, que integran los senadores Isabel Allende, Francisco Chahuán, Adriana Muñoz, Víctor Pérez y Jorge Pizarro, propuso unir nueve de las 19 iniciativas que con distintos niveles de avance plantean reformular la Constitución en lo referido al dominio público de las aguas y al acceso al derecho real de aprovechamiento de éstas, lo que fue aprobado a mediados de mayo pasado.
Si bien en esa oportunidad a instancia de la votación de Chahuán y Pérez el proyecto refundido no incluyó la derogación en el artículo 19 de la carta fundamental del texto que garantiza constitucionalmente todos los derechos de aguas, lo que tranquilizó a los distintos sectores productivos, porque a juicio de especialistas “la reforma constitucional tiene ahora un grado de peligrosidad menor que el inicial”, existe inquietud entre otros expertos en derecho de aguas por los alcances que una eventual aprobación de esta reforma podría tener, en particular en momentos en que el proceso constituyente está en pleno desarrollo.
En estos momentos la iniciativa, que ya fue despachada por la comisión especial, estaría en condiciones der ser revisada por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia y ser votada posteriormente, requiriendo un quórum de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio.
El ex director general de Aguas y actual socio del estudio Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, explicó que es positivo que en el proyecto refundido se establece que las aguas son bienes nacionales de uso público en cualquiera de sus estados, lo que garantiza la protección a nivel constitucional y la extiende, por ejemplo, a las aguas en estado sólido, lo que no está tan claro en el Código.
Sin embargo, el abogado advierte que hay otros elementos que restringen el uso del agua sólo al fin para el que se entregó el derecho, lo que complicaría el traspaso o el desarrollo de un mercado en torno a estos recursos.
Por su parte el académico y socio del estudio de abogados Vergara y Cía., Alejandro Vergara, acusa una estrategia de tramitación legislativa. “Como en la modificación al Código de Aguas se intenta incorporar caducidades, cabría para ello antes debilitar la protección constitucional a los derechos de agua; de ese modo no se tendrían dificultades de constitucionalidad para las caducidades”, apuntó.
Weisner agrega que en medio del proceso constituyente, de ser aprobado este proyecto podría ser la base para la nueva constitución. 
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