Antes de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara el requerimiento contra el puerto Antofagasta Terminal Internacional (ATI), SAAM y Punta Rieles, todas ligadas al grupo Luksic, por incumplir condiciones de la integración vertical del puerto de Antofagasta, Codelco alertó que esta situación generaba riesgos para la estatal porque afectaría sus costos y, por ende, su capacidad de entregar excedentes.
En el marco del proceso no contencioso que está vigente en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la minera expresó en julio su opinión negativa a la petición de modificar las barreras accionarias en la concesionaria.
En la presentación, Codelco señala que todos los puertos de uso público de la Segunda Región se encuentran operados o concesionados por SAAM (Luksic) o Ultramar (von Appen), por lo que, dicen, tienen solo dos opciones: Angamos o el terminal N°2 de Antofagasta.
Agregan que si no existe una regulación que proteja la competencia, como sería el dictamen que limita hasta en 40% la participación accionaria en ATI “todas las salidas portuarias de uso público en la II Región podrían ser controladas por alguno de estos dos grupos empresariales”.
Y agregan: “La consolidación de una situación de mercado de estas características, podría generar una serie de riesgos que perjudicarían directamente a Codelco, afectando sus costos y por ende sus utilidades y los excedentes que debe generar”.
Añaden que alzar las actuales restricciones generaría riesgos para la libre competencia y ejemplifican lo que ocurre con el ferrocarril (FCAB), que es propiedad del grupo Antofagasta plc, que también participa del negocio minero a través de AMSA con faenas en la Segunda Región como Centinela, Antucoya y Zaldívar. “Deja en evidencia que el peligro de la integración vertical para Codelco es que el FCAB discrimine a favor de ATI”, se lee en el documento.
Cambio de criterio
En 2014, cuando se consultaron las condiciones de licitación para el terminal 1 de Antofagasta, se permitió que el concesionario del puerto y los usuarios relevantes puedan tener hasta el 60% de la propiedad de la concesionaria, pero se incluyó como nuevo criterio que el tren es un usuario relevante, lo que no había ocurrido antes.
Es por eso que ATI pidió a la empresa portuaria -EPA, que actúa como regulador- que se consultara si se podía elevar esta barrera accionaria, lo que fue apoyado por la estatal.
Fuentes de ATI dicen que en el caso del ferrocarril no existen peligros para la libre competencia. Explican que cuando se contrata al ferrocarril, es la minera la que define su destino.
Añaden que la participación de ATI en la trasferencia de carga ha ido a la baja (es menos del 15%) y hasta las propias minas del grupo Luksic contratan al terminal que resulte más conveniente en su minuto. Recalcan que no existe poder compra.
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