Plazo hasta el 30 de noviembre fijó Subus para recibir la oferta del gobierno en el marco de la revisión excepcional de contratos como parte del Transantiago. Al menos esa fecha es la que se considera en el plan de pagos que aprobaron los acreedores la semana pasada, en la reorganización de la compañía.
En ese contexto, el interventor designado para todo el periodo que dure esta etapa, que justamente es hasta que termine la concesión de la operadora, Enrique Ortiz D’Amico, señala que hay buenas perspectivas en las conversaciones con el gobierno.
“Estamos optimistas en que el resultado de ella se ajuste a los derechos y obligaciones que ha adquirido y que deberá cumplir la empresa en el futuro. No me pongo en la hipótesis de que no lleguemos a un acuerdo respecto de este proceso de revisión”, dijo, destacando que se trata de una fuente de pago relevante para los acreedores. La deuda total con éstos suma unos US$ 170 millones.
Así, queda por esperar el pronunciamiento del Ministerio de Transportes, dado que por un lado está la colombiana alegando el efecto que han tenido ciertas variables como la evasión, los kilómetros que operan en vacío, entre otros, mientras que el gobierno asegura que esos temas ya fueron compensados.
Hace unos días, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, indicó que no se hará ningún salvataje en el caso de Subus. “No podemos simplemente rescatar empresas porque les va mal financieramente”, señaló, salvo, explicó, “por aquello atribuible a razones exógenas”.
Dijo que en el marco de esta revisión extraordinaria están evaluando ciertas compensaciones por la entrada en operación del tren Nos-Santiago y por la declaración de trabajo pesado de los conductores.
Lo que espera Subus
El escenario para la empresa de transportes y sus acreedores no será positivo si la oferta del gobierno no cubre lo esperado.
“Si el resultado que emana de la revisión excepcional, que se va a llevar adelante por el Ministerio de Transportes, es insuficiente para mantener el funcionamiento de la compañía, los acreedores acordaron que esta compañía tiene que paralizar y procede a liquidar los bienes”, explicó Nelson Contador, abogado de Subus, tras la junta donde el acuerdo fue aprobado.
En ese sentido, lo mínimo esperable del reajuste de la revisión, según el abogado, “debiera estar sobre los $ 14 mil millones por el periodo completo, hasta que termine la concesión al menos”.
También aclaró que “no se trata de poner plazos al ministerio”, sino de “cumplir con lo que establecen los contratos”.
“El contrato de concesión ya establece claramente que hay un plazo que está con creces sobrepasado, cuyo inicio fue en el mes de noviembre del año pasado”, dijo.
De este modo, si el gobierno no presenta su oferta al término de dicho plazo, enfatizó Contador, “la comisión de acreedores va a poder determinar si concede o establece un plazo superior de negociación o bien opta por cerrar la compañía y por la liquidación ordenada de bienes”.
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