Será el Ministerio del Medio Ambiente quien asumirá íntegramente la responsabilidad de estos residuos que forman parte de 16 productos prioritarios cuyo reciclaje se hace obligatorio en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida de Productor (REP).
Lo anterior porque la Fiscalía Nacional Económica recomendó la derogación del DS Nº 2 del Ministerio de Salud que prohíbe únicamente la exportación de este tipo de residuos, lo que permitiría a los importadores de baterías (en Chile no se fabrican estos productos) que tienen que asumir el reciclaje puedan cumplir en el exterior lo que les impone esta normativa.
El organismo que encabeza Felipe Irarrázabal también planteó la necesidad de regular las exportaciones. El titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que su cartera asumió esta labor a partir de uno de los seis reglamentos que tuvieron en consulta pública hasta la semana pasada y a través de los cuales implementarán la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor REP.
De esta forma, tras la eliminación del decreto el Ministerio de Salud quedaría al margen de esta materia.
“El Ministerio del Medio Ambiente está normando el movimiento transfronterizo de residuos y tenemos en consulta pública un reglamento que propone derogar el Decreto Supremo, por lo tanto va en la misma dirección que la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica”, afirmó hace unos días el secretario de Estado.
El tratamiento de baterías en desuso, en su producto final que es principalmente plomo, mueve en el país alrededor de U$50 millones al año. Sólo una empresa realiza el tratamiento de estos residuos, Recimat, esto luego que en 2014 otra planta que procesaba estos dispositivos fue clausurada. Sin embargo, a fines del 2018 la capacidad local de tratamiento podría aumentar a partir de la apertura de una nueva planta de tratamiento proyectada en la Región del Biobío, la que involucra una inversión de U$10 millones.
Observaciones al reglamento
Hay simpatizantes y detractores en torno al reglamento propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente para regular la exportación de productos peligrosos, entre ellos las baterías en desuso.
En lo que respecta a éstas últimas, las voces en contra argumentan que estos residuos deben reciclarse en el país de origen, porque sería irresponsable enviarlas al exterior sin tener certeza de que serán reciclados y tratados de manera responsable con el medio ambiente y las personas.
La normativa en consulta mantiene la prohibición de exportar residuos peligrosos mientras a nivel local exista capacidad suficiente para tratarlos. En ese marco, Enel Distribución planteó una observación a ese punto, pues ello sigue suponiendo una restricción al procesamiento de ciertos elementos.
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