Si bien el plan de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es votar el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas a fines de mes, la discusión podría extenderse más allá, ante las aprensiones manifestadas por los representantes de dos de los principales sectores productivos: la minería y las generadoras.
Ayer, en el marco de la discusión del proyecto de ley, tanto el Consejo Minero como la Asociación de Generadoras -que reúne a las empresas de gran tamaño como Endesa Chile, AES Gener, Colbún y Pacific Hydro- insistieron en que el proyecto de ley impulsado por el ejecutivo tenía aún muchas “zonas grises”, lo que generaba incertidumbre sobre temas clave, como el tratamiento de los derechos de agua vigentes y su estatus jurídico.
“El proyecto tiene criterios poco precisos respecto a algunos temas -como el caudal ecológico- y se podría poner en riesgo potencial el desarrollo de inversiones (en el sector eléctrico)”, dijo Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de la asociación de Generadoras.
Seebach sostuvo que las empresas están preocupadas por los tiempos considerados para la revisión de los derechos que se otorguen una vez que la ley entre en vigencia, los que a juicio del gremio estarían en “revisión permanente”.
Por su parte, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, sostuvo que algunos puntos de la normativa en discusión incrementaban “el costo y la burocracia”, lo que iba en contra de las recomendaciones realizadas por el Banco Mundial respecto de la necesidad de simplificar la institucionalidad.
“El proyecto agrega nuevas funciones, con lo que se profundiza el problema del costo y la burocracia. Además, introduce incertidumbre sobre los derechos ya constituidos. El proyecto es confuso en lo que respecta a que se aplicará a los derechos antiguos”, dijo.
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