Después de haber realizado en 2005 un informe con recomendaciones que influyó en los principales cambios de la institucionalidad ambiental que ha tenido el país en la última década, ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del país, donde se incluyeron 54 recomendaciones de cambio que se deberían aplicar en diez años.
Una de las más relevantes es que el impuesto a las emisiones de centrales termoeléctricas, que comienza a funcionar a partir de 2017, se aumente. “La tasa impositiva aplicada sobre el CO2
(US$ 5 por tonelada de CO2) es relativamente baja y debería ser objeto de un aumento progresivo”, establece el documento. La idea de esto, agrega el documento, es que el alza sea progresiva y que vaya reflejando el costo social que tienen las emisiones.
Además, se propone incorporar nuevas fuentes de emisiones a este gravamen, como son las fundiciones de cobre, unidades que actualmente sólo tienen una norma de emisión que regirá desde diciembre de 2018.
Además, el documento aborda un aspecto de los combustibles. De este modo, pide elevar la tasa impositiva de la gasolina y el diesel, reduciendo además, gradualmente, las diferencias que hay entre ambas y avanzar en que se suprima la devolución de impuestos por el uso de diesel para vehículos de carga pesada.
Junto a esto, propone revisar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, para que se asegure que no actúa como un subsidio implícito de los combustibles.
El documento incluyó además otras propuestas en diversas materias. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, señaló que “las evaluaciones de desempeño ambiental son el mecanismo de la OCDE para la revisión entre pares, que permite elevar los estándares ambientales. Por eso es que impulsamos que se hiciera esta revisión, para la que han sido consultados tanto el gobierno como la academia y el mundo científico, el sector público, las ONG y organismos internacionales”.
Agua: nuevo régimen
Otro tema donde se profundiza es el recurso hídrico. La evaluación de la OCDE explica que el crecimiento económico, el mayor consumo de agua y el cambio climático agravan el déficit estructural de este recurso.
En ese sentido, cuestiona que el actual sistema de otorgamiento de permisos, se ha traducido en asignaciones excesivas y una extrema concentración de los derechos, la sobreexplotación de algunos acuíferos, escasez de agua potable en zonas rurales y conflictos entre los usuarios, según informó el Ministerio del Medio Ambiente.
De este modo, se propone implementar un enfoque basado en riesgos para la gestión de los recursos hídricos, creando un nuevo régimen de asignación de derechos, donde se evite la asignación excesiva.
En otro punto, se propone perfeccionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que se tomen en consideración proyectos alternativos y se garantice la participación ciudadana.
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