Hasta la Contraloría General de la República llegó ahora la polémica en torno a la prohibición de exportar baterías en desuso.
Fue una de las empresas interesadas en sacar estos residuos del país para tratarlos en sus instalaciones en Perú, la que a través de una solicitud le pide al organismo encabezado por Jorge Bermúdez declarar ilegal el decreto del Ministerio de Salud que fijó esta limitación.
El argumento que plantea ETNA es que en la dictación de esta norma, en enero de 2010, al final del primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, hubo una serie de irregularidades, que quedaron en evidencia a lo largo de las solicitudes de derogación que esta misma compañía interpuso en los últimos años.
“El decreto ha repercutido tanto en denegaciones como en dilaciones excesivas, en lo referido a solicitudes de exportación de baterías fuera de uso para el desarrollo del giro de esta empresa”, reclaman.
En primer término, critican que pese a que en el título del Decreto Supremo N°2 es que regula la autorización de los movimientos de baterías en desuso fuera de las fronteras nacionales, en el detalle, los tres puntos del documento se refieren sólo a la prohibición terminante de exportar, siguiendo lo establecido en el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos de desechos peligrosos y su eliminación, el que estipula que esto es posible si a nivel local existe capacidad instalada suficiente para tratar la totalidad de las baterías que se dan de baja.
Irregularidades
En lo que respecta a las irregularidades, ETNA acusa que el decreto se firmó sin contar con estudios que dieran cuenta de esta última situación.
Añade que una vez emitido el decreto y ante una primera solicitud para conocer los informes que sustentaron la prohibición, en septiembre de 2010 recibieron el documento técnico que estaba asociado al decreto y que en sus tres páginas hacía mención a hechos posteriores a la firma de éste, como resoluciones de febrero y abril de ese mismo año que autorizaban el funcionamiento de plantas de reciclaje.
Además, este documento tiene el logo que el gobierno de Sebastián Piñera usó en forma provisional entre el 11 de marzo y el 24 de noviembre del ejercicio mencionado.
“Ambas resoluciones existen, y son citadas, con precisión, en el mismo informe sobre capacidad de eliminación, que debió haber estado, no sólo redactado, sino analizado y estudiado, a más tardar el 15 de enero de 2010. A menos que los funcionarios a cargo del Ministerio de Salud tuvieran una capacidad para ver el futuro”, plantea ETNA en su petición a la Contraloría.
La polémica
El de las baterías (de vehículos y de uso industrial), es un mercado que anualmente mueve unos US$ 50 millones (considerando producto final) y la polémica por dónde será posible reciclarlas viene de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obligará a sus importadores a hacerse cargo de ellas terminada su vida útil.
El Ministerio de Medio Ambiente optó por incluir la derogación del decreto entre los seis reglamentos de la ley, lo que activó a los actores del mercado, que buscan menores costos, y los operadores de las plantas locales que buscan mantener su negocio.
Entregan denuncia como antecedente a la FNE
Decreto
En enero de 2010 se dictó el decreto del Ministerio de Salud que se mantiene vigente hasta hoy y establece la prohibición de exportar las baterías en desuso. La cartera de Medio Ambiente planteó derogarlo, pero no ha tenido éxito. De hecho, trascendió que aunque tienen listos los reglamentos asociados a estos productos, no han podido someterlos a consulta pública por esta razón.
Entra la FNE en escena
A mediados de octubre de este año y en virtud de denuncias recibidas a raíz de esta prohibición, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) formalizó por presuntas conductas de abuso de posición dominante por parte de Recimat, la única planta que recicla baterías en el país y que es controlada por RAM. La denuncia a la Contraloría fue aportada por ETNA a los antecedentes de ese proceso.
El mercado
En Chile no se fabrican baterías, por lo que este mercado está integrado en primer término por los importadores de estos dispositivos. De acuerdo con cifras de Aduanas, trece empresas representan más del 90% de las internaciones. Lideran las automotrices Derco y Gildemeister con el 46% del mercado. Un poco más atrás están General Motors y las comercializadoras especializadas Emasa, Baterías Cyclon y ETNA, entre otras.
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