El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, informó ayer que el gobierno decidió mantener por un segundo ciclo a Felipe Irarrázabal a la cabeza de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
“Tenemos una agenda en materia de libre competencia que es muy robusta (...). Creemos en este sentido que el fortalecimiento de las institucionalidades que hoy día existen sumado a las medidas que vamos a proponer en el marco del programa de gobierno nos van a permitir avanzar decididamente en la generación condiciones de acceso a mercados en igualdad de competencia”, sostuvo el secretario de Estado.
En marzo, al asumir sus funciones la administración de Michelle Bachelet, anunció inicialmente que el fiscal permanecería en su cargo hasta agosto próximo, momento en que expiraba su período. En 2010 el abogado participó en un proceso del Sistema de Alta Dirección Pública, luego del cual fue designado en el cargo por el ex presidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, ahora el gobierno decidió extender la permanencia de Irarrázabal a la cabeza de la FNE por un segundo lapso de cuatro años que culminará en 2018.
Posteriormente, el Ministerio de Economía precisó
que a través de esta decisión “se potencian los instrumentos con los que cuenta la
FNE para desalentar y sancionar prácticas anticompetitivas”.
En la secretaría de Estado precisaron que aunque por regla general los nombramientos del sistema de Alta Dirección Pública duran tres años y pueden renovarse en dos oportunidades, en el caso particular del fiscal nacional económico hay una norma especial y este funcionario tiene un período de cuatro años y sólo una posibilidad de renovación.
Casos pendientes
Más allá del revés que sufrió hace unos días, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) declaró inadmisible la consulta que el organismo fiscalizador realizó sobre la actuación conjunta de bancos e instituciones financieras en Transbank en la afiliación de comercios para la aceptación de tarjetas de crédito y débito, la FNE mantiene vigentes otros procesos, como la investigación iniciada a fines de 2012, a raíz de una denuncia de diputados que acusaron a las bolsas de incumplimiento de las resoluciones de 2000 y 2002 en las cuales la Comisión Resolutiva ordenó reanudar las operaciones interbolsas, en forma automática y vinculante.
Además, la FNE mantiene vigentes otros procesos de alta connotación. Uno de ellos es el denominado “Caso Pollos”, investigación en torno al eventual acuerdo entre los mayores productores avícolas del país para la fijación de precios. Esta acción fue catalogada en su momento por el propio Irarrázabal como el “cartel más grande que el sistema de libre competencia haya intentado desbaratar”.
Otra de las indagaciones de la FNE que permanecen abiertas es aquella concerniente a las grandes cadenas supermercadistas. Esta investigación saltó al ojo público cuando en diciembre de 2011 personal del organismo y efectivos policiales incautaron computadores y documentación en las oficinas de Cencosud, SMU, Walmart y Tottus.
En diciembre del año pasado en la fiscalía dijeron que la investigación continuaba y que aún estaban realizando diligencias. Al inicio del caso, fuentes conocedoras indicaban que el material que fue retirado desde las cadenas de supermercados correspondían a ejecutivos de mando medio que se relacionaban con proveedores de carnes blancas y productos de limpieza.
De hecho, se estima que esta investigación dio pie en realidad a los procesos relacionados con los productores avícolas y la causa que se lleva adelante en el TDLC contra Unilever por supuesto abuso de posición dominante en el mercado de los detergentes. En este último caso, a fines de enero, se optó por la vía conciliatoria entre esta firma y los productores de menor tamaño.
Próximos pasos
En 2013, en el marco de la cuenta de la fiscalía, el propio Felipe Irarrázabal anticipó que este año los ejes de acción del organismo estarán en los mercados de energía y salud.
Claro que en este proceso el titular de la FNE no dispondrá de la colaboración de uno de los profesionales clave de la institución, Ronaldo Bruna, quien se desempeñó ocho años como jefe de la división de investigaciones de la Fiscalía, desde donde participó en procesos como la fusión LAN-TAM, y que ahora fue reclutado como asesor jefe por el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez- Lobo.
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