En pie de guerra están diversas organizaciones de regantes de las regiones del Maule y del BíoBío contra la reforma al Código de Aguas, cuya tramitación en el Congreso se reactivaría en marzo tras el fin del receso parlamentario.
En primera instancia estas asociaciones están organizando varias asambleas para analizar los cambios a la normativa, aun que no descartan acciones más radicales, como protestas para bloquear el tránsito en algunos tramos de la Ruta 5 Sur, como ya ocurrió en noviembre pasado en San Carlos.
Este cambio legal ha sido ampliamente cuestionado por agricultores a lo largo del país, quienes han denunciado que ha sido llevado adelante sin escuchar sus opiniones e inspirada más por razones ideológicas que técnicas. Inclusive, han advertido que en ella se está planteando una expropiación encubierta que afectará de manera extremadamente grave la inversión en este sector económico.
Es por ello que las Juntas de Vigilancia de los ríos Teno, Lontué, Maule, Longaví, Ancoa y Ñuble, más la Asociación de Canalistas del Embalse Digua, han decidido entablar una instancia de diálogo que permita, por una parte, que los regantes tengan acceso de primera fuente a información del estado actual de la tramitación de este cuerpo normativo y, por otra, para ser escuchados por quienes están llevando a cabo esta discusión en la Cámara Alta.
Una primera asamblea se realizará el próximo 3 de marzo en Chillán, mientras una más ampliada está fijada para el 10 de marzo en Linares.
“Los agricultores nos sentimos fuertemente perjudicados”, sostiene el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez, ya que, afirma, por ejemplo dentro de los cambios propuestos está la temporalidad de los derechos de agua; ya no serán permanentes y podrán ser caducados en forma arbitraria.
“Con esto perdemos valor frente a los bancos y se perjudica gravemente el crecimiento de la agricultura en el país”, dijo.
El secretario Ejecutivo del Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Lontué, Diego Castro, planteó que un tema no menor es el cambio que se propone hacer de la palabra dueño, que se elimina de todo el cuerpo normativo, por la de titular.
“Quienes defienden esta reforma explican que es sólo una modificación semántica, pero eso no es así. Es un cambio que afecta al derecho de propiedad, porque los regantes dejarían de ser dueños y pasarían a ser simples tenedores o poseedores. Peor aún, y en algo que muestra la inconsistencia de esta reforma, en ninguna parte se señala que, de aprobarse, debe informarse a todos los conservadores del país para que hagan los respectivos cambios en sus registros”, sostiene.
Todo ello, según complementó la presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Margarita Letelier, afectará transversalmente a regantes grandes, medianos y pequeños, y tendrá diversos efectos negativos como, por ejemplo, el aumento de cesantía.
“Los regantes ya no podremos ofrecer nuestros derechos de agua como garantía para acceder a préstamos bancarios y así poder llevar adelante nuestras cosechas e inversiones para crecer”, destacó.
Estos cambios a la ley -señala su par de la Junta de Vigilancia del Río Longaví, Max Correa- no resuelven el problema de fondo, no dan solución al problema que se origina al verter el 84% agua dulce en el mar si ser utilizada por falta de embalses.
“Se pretende redistribuir los derechos de aprovechamiento de aguas, limitar su uso en cantidad y en tiempo, pero no se agrega ni una gota más del recurso. Se necesita una buena política al respecto que permita resolver gran parte de la escasez hídrica que nos afecta, pero para esto se necesita un diálogo”, remató.
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