Por Andrés Pozo B.
“Los proyectos que se deseen instalar en un área protegida, deben ser compatibles con el objeto de protección de ese lugar y, tal como sucede hoy, pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, dice el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, respecto de una de las dudas planteadas en la industria respecto al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
El secretario de Estado asistió esta semana la comisión del ramo del Senado y -dice- salió con la impresión de que existe la visión común de que Chile tiene potencial en la biodiversidad y, por lo tanto, ésta debe ser bien administrada.
El SBAP forma parte de la reforma a la institucionalidad ambiental, realizada en el primer mandato de Bachelet. Badenier explica que esta propuesta va más allá de las áreas protegidas, pues instaura una serie de instrumentos para conservar la biodiversidad, en estas zonas y fuera de ellas.
Pese a que el gobierno anterior trató de avanzar en la instalación de este servicio -el que no fructificó-, Badenier aclara que una de las grandes diferencias, es que este texto no permite concesionar áreas protegidas. “La administración de estas áreas es indelegable por parte del Estado y no se puede concesionar. Sí se permitirá en actividades de ecoturismo, y para temas educacionales y científicos”.
Alcances
El secretario de Estado aclaró algunas de las dudas que rondan en torno a la iniciativa.
El proyecto establece nueve categorías de áreas protegidas, lo que para algunos expertos es excesivo. Badenier señala que acá se “recoge y ordena” aspectos que ya existen en la legislación nacional y se combina con parámetros internacionales, que promueven organismos internacionales.
Respecto a los planes de manejo que tendrán las áreas, aclara que esto estará reglamentado de forma específica. “Respecto a la inversión, no será más ni menos prohibitivo que lo que hoy ya existe para estas áreas. La diferencia es que lo vamos a hacer bien, porque hoy en día más del 50% de las áreas protegidas no están en el sistema que administra la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y, por lo tanto, tienen una protección formal, pero no real”, explica.
También llamó la atención el modelo de fiscalización y sanción, al interior del nuevo Servicio e independiente de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Badenier dice que esta repartición, en cada área, contará con una administración, funcionarios y un cuerpo de guardaparques. Ellos tendrán facultades de fiscalización, específicamente viendo que se cumpla el plan de manejo y otras normas generales, como la Ley de Caza. Esto les da la ventaja práctica de que están en el lugar.
Sobre el cuestionamiento de que en terrenos privados que sean declarados “áreas prioritarias de conservación”, se apliquen las mismas reglas y multas que en áreas protegidas, constituyéndose en una “expropiación indirecta”, Badenier aclaró que hay especies que son importantes de conservar y que, además, el proyecto no innova, porque es algo que ya se aplica. La diferencia, dijo, es que el SBAP verá que la normativa se cumpla.
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