Esta semana, el 17° Juzgado Civil de Santiago dio por terminada, oficialmente, la causa de Subus, luego que pasado el plazo establecido, ninguno de los acreedores interpusiera algún recurso contra la reorganización judicial aprobada en septiembre.
De esa forma, sólo queda esperar el resultado de la negociación en curso, entre la colombiana y el gobierno, en el marco de la revisión excepcional del contrato.
Esto, dado que el plan de pago de la deuda por unos $ 91 mil millones, propuesto en el proceso de reestructuración liderado por el equipo de abogados Luis Felipe Castañeda y Nelson Contador, junto al veedor -y hoy día interventor de la operadora- Enrique Ortiz D’Amico, está sujeto a la oferta que presente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, lo que se espera ocurra antes del 30 de noviembre.
“Si el resultado que emana de la revisión excepcional, que se va a llevar adelante por el Ministerio de Transportes, es insuficiente para mantener el funcionamiento de la compañía, los acreedores acordaron que esta empresa tiene que paralizar y procede a liquidar los bienes”, explicó Contador, tras la junta que aprobó el proceso en septiembre.
De este modo, si el gobierno no presenta su oferta al término de dicho plazo, enfatizó el abogado, “la comisión de acreedores va a poder determinar si concede o establece un plazo superior de negociación, o bien opta por cerrar la compañía y por la liquidación ordenada de bienes”.
En ese contexto, trascendió que mientras no se conozca la oferta del gobierno, la opción de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que ha estado en curso hace unos meses, está hoy día en compás de espera.
Lo anterior, dado que si la empresa debe ser liquidada, ante una insatisfactoria respuesta del gobierno, la demanda internacional tomaría más fuerza.
Cabe destacar que la operadora espera que la oferta del gobierno esté en torno a los $ 14 mil millones por el periodo completo, esto es hasta que finalice la concesión.
En todo caso, Ortiz, quien señaló no tener ningún antecedente respecto al avance del proceso ante el Ciadi, comentó que la negociación con el Ministerio de Transportes “se ha llevado en muy buenos términos, en análisis de los distintos aspectos del contrato de concesión”.
Para esos efectos, informó el interventor, se formó una comisión técnica que se reúne dos veces por semana.
La propuesta de pago de la deuda
Para los acreedores con garantías hipotecarias y/o prendarias, se contemplan amortizaciones programadas de seis cuotas anuales los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 (este último hasta julio). Y también amortizaciones extraordinarias si existe excedente de caja.
En el caso de proveedores con créditos inferiores a US$ 1 millón, se seguirá pagando en forma normal, respecto de la nueva facturación, a través de tres cuotas (20%, 40% y 40%, en abril, mayo y junio de 2017). Según el plan, estos acreedores no quedarán sujetos a amortizaciones ni pagos extraordinarios de ninguna naturaleza. A los sin garantías y proveedores con créditos superiores a US$ 1 millón y acreedores relacionados, se pagará de igual forma que a los acreedores con garantías hipotecarias y/o prendarias.
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