Un período de casi cinco meses para que el gobierno y la colombiana Fanalca puedan negociar se abrió tras el arribo a la Cancillería, el 14 de marzo pasado, de la carta en que el principal accionista de Subus mostró su descontento por los problemas del Transantiago que persisten y que complican financieramente a esta operadora y además pide una compensación de US$ 89 millones.
Las estimaciones son que recién en octubre, de fracasar las conversaciones, se podría activar una demanda ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones).
El reclamo apunta a la falta de infraestructura, evasión y vandalismo, entre otras y aunque en el gobierno ven estas situaciones como reclamos históricos, en la industria explican que se trata de materias que fueron comprometidas en la más importante renegociación del contrato del sistema de transporte capitalino, que tuvo lugar en 2011. Entre otras cosas figura la habilitación de 102 kilómetros de vías exclusivas para buses, en un plan quinquenal que pesó en la decisión de las empresas de seguir operando, pero en ese lapso sólo se cumplió con cerca del 7%.
El tema es relevante porque la velocidad promedio ha disminuido por el mayor tráfico, lo que impide cumplir los indicadores de operación y deriva en descuentos por parte de la autoridad.
Las conversaciones con Fanalca, en las que el gobierno será representado por la Direcon, pueden derivar en varias opciones de salida, como una compensación económica directa, que sería poco probable. Otra podría ser que el Estado se quede con la concesión a cambio de un pago y luego la entregue vía licitación a un nuevo operador, ya sea nuevo o de los actuales. Una tercera vía podría ser renegociar el contrato incluyendo mejoras que viabilicen el negocio.
En ese sentido, actualmente la Dirección de Transporte Público Metropolitano está realizando en paralelo dos revisiones de los parámetros del contrato con la empresa, donde se podrían mejorar las condiciones actuales del monto por pasajero transportado.
La decisión del controlador de Subus, de activar una negociación con el gobierno, detonaría una acción similar por parte de Alsacia, el principal actor del Transantiago, que también enfrenta dificultades económicas.
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