La Superintendencia de Salud multó a la exisapre Masvida por las irregularidades que se destaparon a fines de 2016 e inicios de 2017 y que derivaron en su quiebra. Según las últimas resoluciones del organismo, el monto global comprometido asciende a 1.500 UF, unos $ 40 millones.
Entre las faltas que se desprenden de tres resoluciones, se contempla omitir préstamos de salud por concepto de Ley de Urgencias, Atención domiciliaria y pagarés por un total de $ 1.774 millones. Esto significó la “entrega de información no ajustada a la realidad... afectando la interpretación y valuación de saldos, así como las revelaciones involucradas”, argumenta la autoridad.
A esto se suma que la ex isapre mantenía saldos pendientes con empresas relacionadas, “las que se verificó no existen recuperaciones significativas de capital y son operaciones que superan el año de antigüedad”.
La ex administración de Claudio Santander, explicó que tenía un plan de pagos, que contemplaba la incorporación de un socio estratégico, por lo cual mantenían esta deuda como activos corrientes.
Para el organismo fiscalizador este plan de pagos “no eran más que meras expectativas sujetas a operaciones que estaban fuera de su control y que no tenían las garantías o compromisos que permitiesen sustentar su criterio. En ausencia de esos retornos, la isapre se vio en la necesidad de recurrir a la liberalización de garantía”.
La Superintendencia cuestionó además el cálculo del modelo de cotizaciones no declaradas ni pagadas.
Esta falla fue la que gatilló que la auditora EY finalmente aconsejara reexpresar los estados financiero de 2015 y 2014. Para la ex Masvida este ítem siempre se había mantenido con cifras marginales y en cuentas por cobrar, “sin realizar un mayor análisis”. Fue durante los últimos dos años que tomó relevancia.
Esta explicación no fue suficiente para la autoridad, ya que la resolución acota que las fallas del modelo pudieron haber sido corregidas, “de hecho en fiscalizaciones anteriores la superintendencia ya había solicitado que efectuara una revisión en esta materia”, dice.
Otro incumplimiento es el atraso en la entrega de resultados de 2016. Masvida debía reportarlos el 20 de enero, lo que era clave para recalcular la garantía exigible luego que el 26 de diciembre se autorizara la liberalización de
$ 19.806 millones en garantías. Masvida finalmente entregó sus balances no auditados el 24 de enero.
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