En poco más de una semana se sabrá si una de las mayores operadoras del Transantiago, Subus, logrará llegar a acuerdo con los acreedores o entrará en un proceso de liquidación, en el marco de la reestructuración judicial que es liderada por el veedor Enrique Ortiz D’Amico y representada por el estudio de abogados Nelson Contador & Cia.
Esta semana será de definiciones, porque se están concretando las últimas reuniones previas a la votación de la propuesta del pago de la deuda por $ 91 mil millones.
En los próximos días, además, se espera que esté listo el informe de la tasación de activos, que permitirá dar una idea del nivel de recuperación que podrían tener los bancos y proveedores en el que caso que optaran por liquidar. Este se tiene que entregar, a más tardar, el viernes.
La propuesta que se votará
La propuesta que se votará el próximo 7 de septiembre establece un plan de pago a sus acreedores que tienen deuda garantizada, la que totaliza $ 71.800 millones.
En primera instancia se pagarán amortizaciones por $ 14,9 mil millones en tres cuotas, partiendo en diciembre de 2018, con $ 6 mil millones; luego en diciembre de 2019 se pagarán otros $ 1.700 millones y, finalmente, otros $ 7.200 millones en agosto de 2020.
También se contempla una segunda fase de pagos, la cual estará supeditada al acuerdo que la empresa logre con el gobierno en la revisión excepcional, donde busca nuevos recursos económicos.
En el caso de los créditos que no tienen garantía, que ascienden a $ 19.781 millones, se especifica que aquellos proveedores con créditos inferiores a US$ 5 millones tendrán su pago normal para facturas futuras, mientras que las facturas ya emitidas serán canceladas en los próximos 12 meses una vez ejecutada la reorganización. Los créditos superiores a los US$ 5 millones se pagarán de igual forma que los con garantías hipotecarias o prendarias.
Revisión excepcional
Subus y la Dirección de Transportes Públicos Metropolitano (DTPM) iniciaron hace casi un año un proceso de revisión excepcional que busca compensar, por medio del reajuste del pago por pasajero transportado, el déficit financieros que enfrenta.
La empresa ha destacado una serie de factores exógenos que están afectando su operación, como la falta de infraestructura, la evasión y los altos niveles de congestión, mermando los ingresos y aumentando los descuentos que le hace el Estado.
Esto habría sido acreditado por el informe forense que realizó Deloitte, encargado por la DTMP, donde se habla de unos $ 22 mil millones para dicho déficit.
No obstante, aún no hay luces de lo que se podría lograr en dicha negociación. Además, trasciende, para el gobierno gran parte de los reparos que hace la colombiana fueron subsanados en el reajuste de la revisión ordinaria, donde la operadora obtuvo un alza estimada en $ 9 mil millones anuales en sus ingresos.
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