Por Kharla Caniupán
La semana pasada el senador PPD Eugenio Tuma se adelantó al gobierno ingresando un proyecto de ley para regular el consentimiento en los contratos financieros, que se trabajó en conjunto con varios actores del mercado.
El presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, reconoce puntos de encuentro, pero también otros por corregir. Así, destaca que la iniciativa “constituye un claro avance al reconocerse una alternativa al consentimiento expreso, constituida por la inclusión de actos que representan el consentimiento inequívoco del consumidor”.
Sin embargo, es enfático al señalar que este “avance (...) pierde todo sentido con las exigencias que establecen una fijación directa de precios. Con la redacción propuesta, los bancos tendrán que justificar cualquier aumento en los precios, sea por concepto de aumento de sus costos (implantación de nuevas tecnologías, aumento de los costos laborales, etc.), como de sus márgenes”.
Awad argumenta que haber llegado a ser una banca transaccional tiene beneficios y costos. Agrega que “los bancos tienen derecho a cobrar un margen por su negocio, lo que es propio de la economía de mercado”, explica.
Justificación de cobros
Por esto critica que el proyecto establezca que las entidades bancarias tengan que dar explicaciones
por los aumentos de costos: “Esto no se condice con la realidad financiera, ni con el derecho de los proveedores de competir por precios (costos/márgenes).
A los bancos les interesa una relación de largo plazo con los consumidores, por lo que no es razonable pensar que las políticas que adopten en materia de precios, tengan como consecuencia la pérdida de sus clientes. El negocio de los bancos no está en el cobro de comisiones”.
Awad destaca que “si el consumidor no está de acuerdo con el incremento propuesto, puede terminar el contrato e irse a otro banco”.
Pero bajo esta lógica, argumenta, a los bancos no se les permita terminar la relación contractual en caso de que el cliente no acepte la modificación propuesta, la cual cumple con lo que la ley le exige al proveedor.
“Cuando se mencionan los derechos de que goza el consumidor, se menciona que puede “terminar” el contrato en cualquier tiempo. Entonces, por qué el proveedor no puede también terminarlo si ha cumplido con los requisitos establecidos por la ley”, indica.
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