Por Kharla Caniupán
Una iniciativa bien intencionada, pero con una ejecución deficiente. Así califican ex superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras el proyecto de ley que busca impedir que el banco remate una propiedad comprada con crédito hipotecario, en aquellos casos en que el cliente moroso tenga más del 50% del capital adeudado pagado.
El ex regulador Guillermo Ramírez es enfático al señalar que el proyecto de ley no contribuye a la causa que persigue: “Afectaría el modelo de negocio hipotecario de los bancos y de las demás entidades que dan estos créditos, porque la garantía (asociada a estos productos) se debilita drásticamente, porque no se puede ejecutar en el último 50% de la deuda”.
Efectos: desbancarización
Ramírez agrega que, de ser aprobada esta iniciativa, podría impactar directamente en los requisitos que los bancos solicitarán a sus clientes antes de otorgar un crédito hipotecario. “Lo que pasa es que, o no le van a dar el crédito, o le van a exigir una sobre-garantización que le va a salir más cara a la gente. Si hoy se pide un crédito por UF 2.000, se deja prendada la casa por UF 2.500. (De aprobarse este proyecto) solicitarán para ese mismo crédito de UF 2.000 dejar prendada una casa de UF 3.000, por ejemplo”, dijo.
En línea, el ex fiscalizador del sector, Ernesto Livacic, indica que “la preocupación es noble, pero el instrumento es malo. Entiendo la preocupación de fondo, pero si es aprobada, podría tener efectos indeseados, como afectar la disciplina de pago o derechamente, desincentivar a los oferentes a dar este tipo de créditos”.
Pero Ramírez advierte que “al final, cada cosa que haga más débil la garantía o le ponga trabas a la ejecución de la misma, se paga por otro lado”. Entre los efectos que detecta, están la traducción de esta restricción a precio o en la desbancarización de segmentos de menores ingresos.
“Las personas que presenten alguna debilidad serían menos elegibles porque presentarían una mayor probabilidad de verse inmersas en la situación de no poder pagar sus dividendos, y como estaría prohibido rematar las casas si han pagado el 50% o más, (las entidades optarían por) no dar el crédito”, explica Ramírez.
Livacic agrega que los más afectados serían los sectores de bajos ingresos, y que si bien entiende la motivación de la propuesta, “uno podría encontrar mecanismos más inteligentes para buscar el mismo resultado. Por ejemplo, antes de que el banco saque a remate una propiedad con una deuda de esas características, la persona pudiera renegociar en una única oportunidad la deuda”.
Distorsiona el modelo de negocio
Ramírez postula que este proyecto “distorsiona el modelo de negocio de los créditos hipotecarios (...) No sé que haría la banca con las casas, transforma al banco en un agente hipotecario”.
Agrega que “esta tendencia está pasando en muchos ámbitos, en el sector laboral (...) al final son todas ideas bien intencionadas, pero de tanto cariño terminan matando al enfermo. Por eso es que esto de sobrerregular con afán proteccionista tiene su lado B, su lado malo”, explica Ramírez.
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