El acuerdo de fijación de precios que montaron las empresas Loomis, Prosegur y Brink´s -según acusó la Fiscalía Nacional Económica- en el mercado del transporte de valores, se remonta, al menos, hasta marzo de 2017, cuando los entonces máximos ejecutivos en Chile se enviaban mensajes para implementar en conjunto un nuevo esquema de tarificación, según se relató en el requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En los dos años que duró la colusión, entre 2018 y 2019, la Fiscalía detectó que los acusados alcanzaron conjuntamente ventas entre los $136 y $144 mil millones anuales. Y si bien, en ese entonces habían siete instituciones dedicadas a este giro comercial, las tres principales transportadoras de valores del mercado fueron las involucradas en esta polémica: Brink's, Prosegur y Loomis.
Las empresas restantes eran una fracción considerablemente menor de los servicios de la industria, y una de estas (Chilevalores) fue adquirida por Loomis a mediados del año 2018.
Ahora, según datos de la FNE, entre los años 2016 y 2019, el transporte de valores ha sido la principal fuente de ingresos de estas empresas, representando en torno a un 47% de las recaudaciones totales, seguido por la gestión de cajeros automáticos, y labores de tesorería, que alcanzan 24% y 13%, respectivamente.
Los tres transportistas acusados tienen presencia multirregional, pero con su casa matriz en Santiago. Brink's y Prosegur cuentan con sucursales en prácticamente todas las regiones de Chile, y Loomis participa de este mercado en las principales regiones del país. Por lo tanto, su actuar coordinado ha incidido sobre todo el territorio Chile, aseguró la FNE.
La especialidad del mercado
La importancia de este mercado radica en que se encargan de toda la cadena de protección del dinero, desde la custodia y traslado, tanto dentro y fuera del territorio nacional, por vía terrestre, aérea, fluvial, lacustre o marítima. En ella, la Fiscalía considera también las actividades asociadas al almacenamiento, depósito o acopio, tanto de sus propias operaciones o por las actividades de procesamiento de dinero que se desarrollen por cuenta de terceros.
Dentro de su cartera de clientes, uno de los más relevantes es la Tesorería General de la República. Los transportistas se encargan de, por ejemplo, el retiro y entrega desde o hacia la entidad a todas las sucursales bancarias.
También, firmas como Loomis, Prosegur y Brink´s, ejecutan servicios de administración y atención de cajeros automáticos, es decir, se encargan de todos los procesos necesarios para la continuidad operativa de estos dispositivos ubicados fuera de sucursales bancarias.
Otros demandantes de servicios de transporte son generalmente otras entidades financieras o del retail.
No es fácil que entren competidores en este mercado. Según la FNE, en el ámbito regulatorio, sólo pueden desarrollar actividades de transporte de valores, las empresas debidamente autorizadas por Carabineros de Chile y que cumplan las exigencias de seguridad, que es contar con un sistema de vigilancia privada y cumplir con una serie de medidas.
Una de las barreras es que la misma regulación de la industria exige inversiones relevantes destinados a la seguridad de los vigilantes privados, que son camiones blindados, construcción de bóvedas, armamento y dispositivos de seguridad para vigilantes; y a la formación, capacitación y certificación de vigilantes.
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