Pasivos por más de $ 16.200 millones acumula la Constructora SAE Limitada, que acaba de solicitar la apertura de un procedimiento de acuerdo de reorganización judicial. Sus principales acreedores son Finameris Servicios Financieros, Primus Capital y Banco Santander.
"Nuestra compañía ha logrado ser un actor relevante en la gestión y promoción de proyectos inmobiliarios tanto residencial como de oficinas (...) manteniendo en la actualidad un total de 25 proyectos en desarrollo", señalaron los socios de la empresa, José Echavarri y Rodrigo Silva, quienes añadieron que la empresa "se encuentra inserta dentro de una crisis económica mundial de dimensiones impensadas, producto de la pandemia y agravada, en el caso de nuestro país, por el estallido social de octubre de 2019".
Los socios –a los que se suma Rodrigo Echavarri- señalaron que la totalidad de las obras en que Constructora SAE participa (al monento de presentar la acción judicial, a fines de la semana pasada) se paralizaron por la cuarentena. "Producto de esto no se generaron ingresos por venta, restrasos importantes y sobrecostos. Lo anterior, debido a los fenómenos descritos", dijeron.
Agregaron que esto generó "un efecto extremadamente dañino" para la operación de la constructora, generándose –dijeron- dificultades para poder hacer frente a las obligaciones en tiempo y forma.
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"Por lo anterior, se hace necesaria una reestructuración de su pasivo, por cuanto tenemos la convicción de la viabilidad de la compañía, atendiendo su historia y las obras que se encuentra actualmente desarrollando, lo cual permitirá cumplir con sus obligaciones, y resguardar la fuente laboral de nuestros colaboradores", señalaron los socios de la firma.
La empresa se formó en 1994, orientándose en un principio a la construcción del sector industrial y comercial, ampliándose a partir del año 1999 a la construcción y gestión inmobiliaria de viviendas en condominio.
Obras afectadas
La situación que vive la Constructora SAE se suma a la que han experimentado varios otras empresas del rubro, que han solicitado la reorganización judicial o definitivamente la quiebra por la imcapacidad de cumplir con sus obligaciomnes financieras. Todo se resume en los graves efectos que han tenido, primero, la crisis social del año pasado, y luego la pandemia.
La crisis sanitaria generó un confinamiento masivo. De hecho, desde este lunes, 349 proyectos habitacionales estarán paralizados a lo largo del país por encontrarse en comunas en cuarentena, informó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Según se informó, los proyectos afectados suman 34.032 viviendas y dan trabajo a poco más de 110.300 personas. Además, su paralización conlleva un costo total de US$ 16,2 millones a la semana, considerando tanto Santiago como regiones. Adicionalmente, otros 489 proyectos se encontrarán en etapa de Transición y 276 en etapa de Preparación, explicó la institución en un comunicado.
Sobre la base de información de la Corporación de Bienes de Capital, y considerando las zonas en cuarentena desde el 21 de septiembre, la CChC estimó que a esa fecha habrá a nivel nacional 38 obras de infraestructura privada afectadas. Estas consideran una inversión total de US$ 10.870 millones y en su construcción estarían involucradas 13.000 personas, aproximadamente.
En cuanto a obras concesionadas, se catastraron cinco potencialmente afectadas en la zona declarada en cuarentena, con una inversión total de US$ 1.256 millones y que dan trabajo a cerca de 2.000 personas. Y en relación con las obras de infraestructura pública ejecutadas por mandato del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la CChC estimó que habrá 95 obras en curso con problemas para su ejecución, las que suman una inversión total de US$ 713 millones.
El proceso lo está llevando el estudio Castañeda Abogados.
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