El Tribunal de Contratación Pública (TCP) rechazó la solicitud del grupo uruguayo Delibest para suspender el último procedimiento licitatorio publicado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
La empresa, que presta servicios al Programa de Alimentación Escolar (PAE) a través de sus filiales en Chile, había acusado al servicio de excluirla deliberadamente del proceso.
¿Por qué? Camila Rubio, directora nacional de la Junaeb desde agosto, introdujo una serie de modificaciones para la primera licitación publicada en su administración. Entre los lineamientos de estos cambios se encontraba fomentar la participación de empresas más pequeñas y acabar con el "multirut".
Así, se estableció una obligación para las empresas concesionarias de informar quién es su beneficiario final. Esto es, las personas naturales que posean directa o indirectamente una participación igual o mayor al 10% del capital o los derechos a voto de una sociedad. De la mano con ello, se prohibió que empresas con el mismo beneficiario final obtuvieran la licitación.
Esto afectó directamente al grupo uruguayo, que opera a través de sus filiales Consorcio Merken SpA, Alimentaciones Internacionales S.A, y Fedir Chile SpA.
La empresa utilizaba un concepto denominado Unión Temporal de Proveedores (UTP) para ofertar en conjunto y argumentó que las medidas de Junaeb, en la práctica, significaban "una prohibición de asociarse, lo que infringe además el principio de libre concurrencia".
No obstante, el tribunal señaló que los antecedentes recabados hasta el momento no producen "la convicción necesaria como para decidir favorablemente la petición de suspensión solicitada". Eso sí, aún no hay una resolución definitiva y ambas partes seguirán enfrentándose en esta instancia, además de que aún resta qué tiene que decir el TCP respecto a los conceptos introducidos por la Junaeb.
Respuesta de Junaeb
Las licitaciones del PAE son de las más grandes a nivel nacional y el tema del "multirut" lleva años causando conflictos entre las concesionarias e incluso ha llegado a ser discutido en el Congreso. En particular, esta licitación cuenta con un presupuesto de $ 167.516 millones para cubrir la entrega de 778.939 raciones diarias entre 2023 y 2026.
En su respuesta al TCP, la Junaeb señaló que las demandantes consideraron que las modificaciones del programa "fueron creadas bajo una lógica de perjudicarlos en lo particular", cuando en realidad buscaban mejorar un programa "con graves falencias".
Asimismo, acusaron que las intenciones de la empresa se basaban en "suspender el proceso licitatorio y así forzar la renovación de sus contratos en la unidades territoriales en las que ya brindan el servicio, manteniendo su cuota actual de mercado".
Consultada por este medio, la directora nacional afirmó que el hecho de que el tribunal no tenga la convicción de suspender el proceso hasta ahora, "es un buen indicio de que estamos enfocados en hacer un buen trabajo para llegar con alimentación de calidad a los niños, niñas y adolescentes en cada uno de los establecimientos públicos de nuestro país".
"Durante este 2023 seguiremos fortaleciendo nuestro compromiso por asegurar la calidad del PAE", agregó.
La mirada de Delibest
El exfiscal Carlos Gajardo, abogado del grupo Delibest, descarta que la resolución sea algo definitivo. "Es probable que el Tribunal esté esperando ver qué sucede efectivamente con el proceso licitatorio para tomar una decisión. Porque esta es una licitación a la que le queda un largo trecho previo a la adjudicación, que será recién a fines de febrero".
Según el abogado, el tribunal debería volver a evaluar la suspensión del proceso si es que "Junaeb toma el camino de la exclusión".
El exfiscal también considera la posibilidad de que el tribunal haya ponderado que el proceso licitatorio esté muy retrasado, por lo que esperaría a ver que decisiones tome el servicio. "Durante la tramitación de estas demandas, Junaeb ha ido aclarando sus criterios, lo que esperamos que se traduzca en que finalmente no se excluya a empresas como las nuestras", dijo.
“Dentro de las próximas semanas sabremos qué camino tomará la autoridad. Si toma el camino de la exclusión, no tengo dudas de que el Tribunal volverá a evaluar la suspensión del proceso licitatorio”, cerró Gajardo.
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