Desde su lanzamiento en 2011, la Bolsa del Clima de Santiago (SCX), que transa los bonos de carbono -Reducciones Certificadas de Emisiones de Gases Efecto Invernadero o CERs, por su sigla en inglés Certified Emission Reductions- ha listado a más de cincuenta oferentes, entre ellos, Nature Conservancy y Patagon Land, y sumado a más de 120 clientes.
En ese período la primera plaza climática privada del Hemisferio Sur ha sido testigo del peak de expansión de este mercado -en Chile es voluntario y no regulado- antes de 2010-2011, pero también de su estancamiento en el último año, debido al casi inexistente número de operaciones de estos instrumentos que están sobreofertados y cuyos precios actualmente son poco atractivos.
Según Aldo Cerda, gerente general de la SCX, en Europa debido a la caída de la producción industrial que detonó la crisis financiera en 2009 hubo un sobrestock sistemático de permisos de emisión de contaminantes (allowances) en el mercado de compliance (regulado) de ese continente y, por lo tanto, los bonos de carbono disponibles también lo estaban.
“Los bonos de carbono los puedes usar en ambos mercados. Cuando cayó el regulado muchos oferentes de bonos de carbono se fueron al voluntario a ofrecerlos”, explica Cerda.
En el mercado regulado se transan tanto bonos de carbono como allowances y es mucho más grande -con un mínimo de compra de 100.000 ton- que el voluntario, que es más boutique y que permite compras desde 1 ton, para compensar operaciones, por ejemplo, la de una sucursal de retail o productos, como la producción de una línea de vinos.
Efecto impuesto verde
Pese a que en el último tiempo los precios de transacción han estado más altos en el mercado voluntario -la tendencia global es que sea en el compliance- en Chile la evolución ha sido a la baja, cuenta Cerda, ello al caer de US$ 6 la tonelada de CO2 hace unos cinco años a
US$ 3,3/ton CO2 en 2016. Por lo mismo, Cerda explica que los oferentes han optado por guardar los bonos a la espera de “una futura regulación que va a haber en Chile”.
Chile puede ofrecer unos cinco a seis millones de toneladas en el mercado al año, -considerando sólo los proyectos registrados- pero ¿cuántos se están transando? menos de uno, describe.
En términos de toneladas de CO2, debe mover unas 150 mil anuales, detalla.
En vista de este escenario, la SCX presentó una propuesta al Ministerio de Medio Ambiente para modificar el impuesto verde que deberán pagar las empresas a partir de 2018 y que establece un tributo de US$ 5 por tonelada de CO2 emitida. En concreto, propuso que en una primera fase las termoeléctricas puedan destinar entre un 15% a 20% del gravamen obligatorio a la compra de bonos de carbono de proyectos chilenos. Este planteamiento, comenta, ya se está discutiendo en el marco del Program for Market Readiness (PMR) que lidera la cartera de Medio Ambiente junto al Ministerio de Energía.
“Lo que tenemos que discutir -y probablemente no sea en este gobierno-, es si se acepta esa ventana para bonos de carbono o no, y si se acoge, qué porcentaje de la obligación se va a permitir”, agrega.
Cerda proyecta que con un 20% de ventana, todos los bonos de carbono que se producen en el país por año podrían ser comercializados en Chile, por lo tanto, no habría que esperar acuerdos como el de París (2020) y “la tasa de crecimiento sería de uno a seis”, calcula.
Añade que el impuesto verde sólo tendrá un efecto recaudatorio, en cambio, al incorporar la opción de bonos de carbono se logran efectivamente reducir las emisiones.
Mercado aún tímido
La compañía de cosméticos Natura decidió adquirir por segundo año este 2017, más de 31.000 créditos de carbono (compensación del 100%) del proyecto Plan de Conservación de la Reserva Costera Valdiviana desarrollado por The Nature Conservancy (TNC), y planea a mediano plazo comprar otros 31.000 créditos.
Ello, dice, en un mercado que aún tiene espacio para seguir desarrollándose.
“En Chile el avance ha sido tímido, e incluso la venta de bonos de carbono se ha desacelerado respecto de años anteriores. Es necesario generar incentivos para que las pequeñas y grandes empresas se atrevan a invertir”, afirma Lucía Martínez, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la firma.
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