C hile abandonó el sitial de los pocos países que en Iberoamérica no cuentan con una ley de cuotas en discapacidad. El pasado 4 de abril se aprobó el Proyecto de Ley de Inclusión Laboral que establece una reserva de empleos de al menos un 1% para personas en situación de discapacidad en organismos públicos y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. La iniciativa del Ejecutivo apunta a crear un sistema de inclusión laboral conectado con el de protección social, el que sea habilitante de esta cuota laboral para generar ingresos y empleo en un universo de más de siete mil compañías a lo largo del país.
“Unas 7.600 empresas con 100 y más trabajadores a nivel nacional van a estar adscritas a este sistema y en consecuencia va a ser un avance significativo en la generación de empleo de personas con discapacidad”, resalta el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.
Una realidad en la que desde 2011 trabaja la Fundación Descúbreme con más de sesenta empresas de distintos rubros, conociendo sus necesidades, y permitiendo el diálogo con el mundo de la discapacidad cognitiva, relata Carola Rubia, directora ejecutiva de la entidad.
Rubia comenta se puede marcar la diferencia al convocar a un puesto de trabajo: “además de decir ´quiero una personas de tales características´, se diga, ´además quiero que ese puesto sea inclusivo´, señala”.
La ejecutiva explica que a los procesos de reclutamiento agregan el acompañamiento de la persona que contrató la empresa por un período de hasta un año y medio.
Convicción
La mayor proporción de personas en situación de discapacidad están inactivas (57,2%) y sólo un 39,3% está ocupada, según cifras del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, de 2015.
Bien lo sabe Walmart Chile que se prepara para subir su cuota a 490 personas.
“Desde 2012 tenemos una estrategia de diversidad e inclusión y a la fecha ya contamos con más de 300 personas con discapacidad trabajando con nosotros”, comenta Mónica Tobar, gerente de Recursos Humanos de Walmart Chile, quien adelanta que aspiran duplicar la exigencia legal.
Por su parte, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, implementó una Política de Diversidad e Inclusión que comprende todos los grupos de carácter protegidos según la definición de Naciones Unidas y para 2017, seguirán focalizándose especialmente en Mujeres y Discapacidad.
En la compañía trabajan 11 personas con discapacidad, cumpliendo diversas funciones administrativas como capacitación, contratos, y apoyo.
“Además de los cambios de infraestructura necesarios, se ha trabajado en la concientización de los trabajadores, y hemos tenido que entregar herramientas por medio de la capacitación a los equipos donde se han incorporado estas personas”, indica Javier Fuenzalida, gerente de Recursos Humanos de ENAP.
Un activo
En los distintos actores existe consenso en los beneficios de tener una cultura inclusiva.
En este aspecto, Rubio asegura que la inclusión laboral baja el ausentismo “porque la persona con discapacidad cognitiva valora la oportunidad que se le está dando”.
A la vez, recomienda que las compañías realicen un levantamiento de cuántos colaboradores tienen algún tipo de discapacidad o si los hay en sus familias y a partir de ello trabajen en un plan de acción.
Por su parte, el ministro Barraza, señala que según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la incorporación de personas en situación de discapacidad mejora el clima laboral, las relaciones y la productividad, “porque una persona con discapacidad tiene autodisciplina en su vida, propias de patrones de autocuidado que se traspasan al espacio laboral”.
Según estimaciones de esta cartera, cuando la ley esté en régimen, podrían habilitarse unos 25.000 cupos en el sector privado y otros 2.500 en el público. 
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