Con la llegada de la nueva reforma laboral se cumple un anhelo de muchos chilenos: tener un fin de semana de tres días durante todo el año y la posibilidad de que trabajadores con responsabilidades familiares, entre ellos, padres, jóvenes, personas en situación de discapacidad y tercera edad, de solicitar a su empleador trabajar parte del tiempo desde un lugar alternativo, y realizar adecuaciones a su jornada diaria, semanal o a un determinado período de tiempo, hasta por un plazo de tres años.
Una nueva realidad que quedó establecida en los dos pactos de adaptabilidad laboral que sobrevivieron al debate previo: el pacto de distribución de jornada laboral ordinaria en cuatro días y pactos para trabajadores con responsabilidades familiares, los que entraron en vigencia el 1 de abril pasado y son mirados con buenos ojos por los actores por su aporte a la sostenibilidad de las empresas.
Según Francisco Garcés, presidente del Círculo de Personas y Organización de Icare, la adaptabilidad laboral es una herramienta que bien usada por las partes, claramente arroja un resultado “ganar-ganar” para las organizaciones.
“Hay empresas que llevan tiempo desarrollando formas de trabajar con su gente en línea con esta adaptabilidad (...) Hay otras, y que son muchas, que están recién descubriendo esta herramienta legal para lograr mejoras con su gente y con esto alcanzar mayor productividad”, indica Garcés.
Marcelo Soto, abogado laboralista y ex subsecretario del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera, señala que antes de la aprobación de los pactos ya se estaba dando por la vía individual que un trabajador planteara normas especiales y también por el lado de los sindicatos a través de cláusulas en los contratos.
“Es una flexibilidad que toma no solamente lo económico, sino también la sostenibilidad entendida como un equilibrio con otros elementos que hacen que el trabajo no sólo se reduzca a una transacción económica sino a un tema de calidad de vida, de estabilidad en el empleo”, afirma Soto.
Fundación Chile Mujeres -entidad que impulsó la inclusión de pactos para trabajadores con responsabilidades familiares durante el debate-, afirma que la adaptabilidad laboral va de la mano de trabajos formales.
Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres destaca que la gran ventaja de los pactos aprobados “es que favorecen la formalidad laboral, porque precisan de un contrato de trabajo y quedan expresamente acordados en un anexo del mismo”.
Jornada 3x4
La nueva legislación que ampara solo a aquellos que están regidos por el Código del Trabajo (el sector público se rige por el Estatuto Administrativo)- exige que al menos el 30% de los empleados de una empresa pertenezcan al sindicato, sin perjuicio de que trabajadores no sindicalizados soliciten los pactos.
En este sentido, dado que solo el 13,2% de la población asalariada está suscrito a un sindicato (Casen, 2015), sería más probable que una gran empresa con una tasa de 26,7% aplique esta medida que una mediana o pequeña cuya tasa es de 11,9% y en pequeñas 3,9%, respectivamente, afirma el académico de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Javier Irarrázaval.
El director ejecutivo de Laborum para Chile, Panamá y Venezuela, Néstor Milano, recomienda este sistema para “aquellas áreas en las cuales hay un régimen más estricto en el cumplimiento de horarios, tales como banca, servicios y comercio, entre otras”, pero no está pensado para personas que trabajan en ciertos sectores, como salud, ya que “son profesiones sujetas a contingencias o asuntos de último minuto”.
Impacto económico
Los pactos de responsabilidades familiares negociables individualmente podrían impulsar el ingreso de 225 mil mujeres que quieren trabajar remuneradamente y no pueden hacerlo, precisa Jünemann.
Agrega que si 200 mil mujeres ingresaran al mercado laboral, la recaudación fiscal anual de Chile aumentaría en US$ 645 millones al año y de subir un punto la tasa de participación laboral femenina generaría 0,5 de mayor crecimiento económico. Incluso el país podría llegar a 2020 a tener el mismo nivel de participación de la mujer que el promedio de la OCDE con este tipo de pactos, recalca la experta.
Con todo, el reto para las empresas es que se abran a usar esta herramienta legal, en tanto, el desafío para la autoridad es contribuir al aprendizaje del sector privado en el uso de los pactos y su adecuado traspaso a los acuerdos, además de medir su impacto, por ejemplo, a través del Consejo Superior Laboral.
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